El Carnaval y el uso de dinero público para atentar contra la salud de la población
Álvaro Aragón Ayala
La celebración del Carnaval de Mazatlán 2022 en medio de la pandemia que cayó en el círculo vicioso de “subir bajar” y “bajar y subir” los contagios encuadra en el uso criminal de recursos públicos para inducir un genocidio. Invertir dinero del pueblo para atentar contra la salud del mismo pueblo constituye una nueva modalidad del delito de lesa humanidad.
De la experiencia y el razonamiento científico se desprende la conclusión de que la realización de la magafiesta callejera aumentará el número de contagios por Covid. A la pachanga del “Rey Momo” se espera la aglomeración de alrededor de 400 mil personas, cuyo control sanitario es prácticamente imposible.
El miércoles en Mazatlán se llevó a cabo el encuentro entre Mazatlán FC y Las Águilas del América en el estadio de futbol Kraken. La romería colapsó todos los protocolos sanitarios. La coordinación de Protección Civil calculó la asistencia de solo 12 mil aficionados que “reventaron” el “biodispositivo de seguridad” que implementó la Policía Municipal con 350 elementos. El coloso deportivo tiene capacidad para albergar a 21 mil personas.
La planeación y organización del Carnaval de Mazatlán se realiza con recursos públicos municipales. El Instituto de Cultura, Turismo y Arte fue dotado, para este año, de un presupuesto de 150 millones de pesos, dinero que dilapida en orgías públicas y “tours turísticos”. Al cierre del 2021, el Instituto realizó en el paseo Olas Altas el festival “Bienvenido 2022”, el cual se convirtió en un gigantesco “foco de infección” del coronavirus.
El contrasentido estriba en que mientras la secretaría de Salud del gobierno de Rubén Rocha realiza esfuerzos para contener los contagios y disminuir el número de muertos por Covid y en los hospitales faltan medicamentos para atender a los enfermos, el gobierno municipal de Guillermo -El Químico- Benítez Torres invierte recursos públicos para celebrar un Carnaval que detonará las infecciones y muertes.
El uso de recursos públicos -en este caso del erario municipal- para atentar contra la salud y la vida de las personas constituirían el delito de lesa humanidad y el umbral para hacer estallar un genocidio, ilícito que de acuerdo al Código Penal Federal alcanza una pena de 40 años para la o las personas que lo cometen.
La aplicación o malversación de públicos fondos para “subir los contagios”, en vez de canalizarlos en medidas preventivas para “bajar los contagios” raya en el comportamiento homicida. La función de las autoridades municipales y estatales es salvaguardar la integridad de la población no organizar Carnavales o espectáculos públicos que pueden conducir a la muerte a cientos o miles de personas.
El concepto de perjuicio al patrimonio público-municipal y el alevoso atentado a la salud y la vida de la población se amalgaman para configurar una política siniestra. Los delitos contra la salud pública son aquellos actos que ponen en peligro o dañan la salud colectiva y causan un perjuicio al bienestar general de la sociedad. La tipificación penal de estos delitos busca proteger el bienestar general y la salud de la ciudadanía y, con ello, la salud individual de cada persona.
El argumento que se esgrime para inducir el genocidio o el delito de lesa humanidad es que con “cordones sanitarios” se impedirán los contagios, pero las autoridades ya demostraron que son incapaces para controlar el gentío. Si no pudieron “domar” el jolgorio que armaron 12 mil aficionados en las entradas y salidas del estadio Kraken, mucho menos se podrán establecer medidas sanitarias para proteger 400 mil personas que se calcula acudirán al Carnaval y que congestionarán avenidas, calles y callejones de Mazatlán.
