Buscar justicia, un laberinto legal y un calvario en México para las mujeres
Antonio Marín
Lo que debería ser un proceso de protección y reparación se ha convertido, para muchas mujeres víctimas de violencia en un laberinto dominado por la lentitud institucional y, en muchas ocasiones, en la puerta abierta a la complicidad estatal.
Entre enero y septiembre de este año las mujeres representaron 37.1% de las víctimas de violencia registrada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Sin embargo, para muchas de ellas, la denuncia marca apenas el inicio de un camino desgastante que exige tiempo, recursos y una resistencia emocional difícil de sostener.
HACE FALTA VOLUNTAD POLÍTICA EN LOS CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Atziri Ávila, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), aseguró que la falta de perspectiva de género por parte de las autoridades es uno de los factores determinantes en la lentitud de los casos, lo que puede derivar hasta en feminicidios.
Las omisiones de las autoridades, por ejemplo, cuando le niegan a una mujer víctima de violencia órdenes de protección, han derivado incluso en su feminicidio”, apuntó en entrevista para Excélsior.
Porque no se les cree, no se dimensiona el nivel de violencia que viven en los lugares que tendrían que ser seguros y sobre todo no se actúa de manera pronta y eficaz”.
La activista asegura que en los casos de violencia contra las mujeres hace falta voluntad política para resolver con la debida diligencia.
GASTOS ELEVADOS DIFICULTAN EL ACCESO A JUSTICIA PARA MUJERES SOBREVIVIENTES
El costo económico del proceso —uno del que pocas hablan abiertamente— también se ha convertido en un obstáculo casi insalvable.
Especialmente en casos donde también se ejercía violencia doméstica, lo que provoca desigualdad económica.
Ie Tze Rodríguez López, coordinadora del área de Mujeres de RED Solidaria Década contra la Impunidad, conoce bien ese peso, su organización acompaña a mujeres que llevan sus casos ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es un gasto muy fuerte. RED es una organización que no cuenta con financiamiento institucional y llevar estos casos ante el Sistema Interamericano genera costos elevados: traslados, traducciones de documentos, peritajes, asesoría legal especializada”, dijo a este medio. “Sin embargo, es la única vía donde vemos un alcance real hacia la justicia”.
Para otras sobrevivientes, la barrera no es solo económica sino también un sistema judicial que, aseguraron, trata con mayor severidad a quienes denuncian que a quienes son denunciados.
Elisa Zaldívar, sobreviviente de violencia vicaria, lo describió así para este diario: “Es inexplicable cómo una persona que quisiste… Se vuelva en el villano más cruel y que su cómplice número uno sea el Estado”.
Además, la corrupción se evidencia en la lentitud o la velocidad de las carpetas de investigación, dijo. Mientras que las denuncias de las víctimas “jamás avanzan,” las de los agresores, aunque “sean absurdas, tengan 30 páginas, les dan orden de aprehensión para nosotras”.
Zaldívar ofrece un dato contundente sobre su caso: “Estar presa por seis meses por delitos fabricados y después de eso que te saquen de prisión porque dicen que ya investigaron y no había pruebas, sólo porque el agresor reparte dinero en las Fiscalías para judicializar tus carpetas”.
Gabriela Pablos, vocera de Madres Libertarias, explicó que los agresores disfrutan del poder y el control, y para ellos es “sumamente fácil poner a la justicia machista de su lado”.
Los agresores saben que nuestros hijos son todo y más para nosotras, al arrebatarnos a nuestros hijos y acusarnos de cosas terribles nos fulminan”, abundó la defensora.
Relató que, en su caso, pese a que su pareja le robó a un bebé lactante, la jueza ni siquiera la escuchó y le dio los cuidados al agresor sólo por presuntas mentiras y corrupción.
LA INCERTIDUMBRE
Incluso las cifras oficiales reflejan la complejidad del proceso judicial. La información de incidencia delictiva proviene de los presuntos hechos delictivos registrados en las carpetas de investigación iniciadas ante el MP.
Sin embargo, el SESNSP advierte que a medida que las investigaciones avanzan, “los hechos motivo de una investigación podrían ser reclasificados”. Esto permitiría la variación de cifras.
Pese a la violencia machista y a la indiferencia de las autoridades, las sobrevivientes encuentran fuerza en la colectividad. Su mensaje para quienes comienzan el camino es claro: “No estás sola. Busca una red de apoyo”.
