Sinaloa: censura con labios pintados en el perfume autoritario de la “Ley Guerra”

Benjamín Bojórquez Olea

En tiempos oscuros, la censura no se presenta con uniforme militar ni cadenas en las puertas de redacciones. Hoy llega maquillada de progresismo, disfrazada de justicia social, envuelta en discursos políticamente correctos que, si no se cuestionan, se convierten en dogmas. En Sinaloa, la llamada “Ley Guerra”, propuesta por la diputada María Teresa Guerra Ochoa, es la más reciente advertencia de este nuevo autoritarismo envuelto en seda.

Esta iniciativa, que pretende criminalizar la “violencia política de género” a través de redes sociales y medios de comunicación, suena bien… hasta que se lee con cuidado. ¿Castigar la difamación? ¿Perseguir la calumnia? ¿Controlar la injuria? Palabras nebulosas con las que se puede moldear cualquier crítica, cualquier sátira, cualquier tuit incómodo, hasta convertirlo en un delito. ¿Y quién decide qué es “incómodo” y qué es “violento”? El poder. Y el poder no se toca.

No es una ley feminista, es una ley oportunista. Una jugada de ingeniería política en vísperas del 2027. Una táctica adelantada para silenciar a quien incomode y a la vez, congraciarse con las cúpulas federales. No es una ley feminista. Es una ley oportunista. Una trampa electoral, un mensaje cifrado a Palacio Nacional, una carta de presentación rumbo a la alcaldía de Culiacán. La diputada no busca justicia: busca capital político. La diputada morenista busca que volteen a verla. Y en ese trayecto está dispuesta a vender la libertad de todos como moneda de cambio. ya que aspira a ser alcaldesa de la capital sinaloense. Porque Guerra Ochoa no representa al Rochismo, representa a un círculo rojo ajeno a las decisiones locales.

La ironía es brutal: se pretende proteger a las mujeres… usando herramientas históricamente utilizadas para reprimir a todos. Porque sí, la difamación ha sido el arma de las dictaduras para encarcelar periodistas, de los regímenes moralistas para callar a las disidentes, de los estados fallidos para sepultar la crítica. Ahora quieren revivir esa arma, con el escudo del feminismo institucional.

Lo cierto es que debemos de reconocerle a la diputada morenista su jugada y su verdadera intención.

Pero lo que está en juego aquí es mucho más que una ley local. Es el alma misma de la democracia. Porque la libertad de expresión no es un adorno constitucional, es la columna vertebral de una sociedad libre. Y cuando esa libertad se convierte en delito, lo que sigue es el miedo. El miedo a hablar. El miedo a pensar. El miedo a existir críticamente.

¿Queremos ese país? ¿Una sociedad donde un meme pueda llevarte a juicio? ¿Donde una columna puede ser considerada violencia? ¿Dónde se criminaliza la crítica bajo el argumento de proteger al otro?

GOTITAS DE AGUA:

Hay una frase que resuena en estos días como un eco trágico: “Primero vinieron por los periodistas, y no dije nada…” Hoy, mientras el Congreso de Sinaloa cocina esta mordaza legislativa, las asociaciones de prensa guardan silencio. Las universidades callan. Los colectivos feministas —los reales— se ausentan. Y ese silencio no es prudencia: es complicidad.

No se trata de negar la violencia política contra las mujeres —existe, es brutal y debe combatirse—, pero no a costa de pisotear la libertad de todos. Porque una causa justa que se impone por medios injustos pierde su legitimidad. Y una libertad que se protege matando otra, no es justicia: es censura con perfume.

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