Alerta en la OEA por coincidencia entre acordeones de la 4T y los resultados de la elección judicial
Mathieu Tourliere
La Misión de Observación Electoral que desplegó la Organización de los Estados Americanos (OEA), para monitorear las elecciones judiciales del 1 de junio último, advirtió que la coincidencia entre los “acordeones” repartidos antes de los comicios y los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obtuvieron la mayor cantidades de votos, aunado a que todos ellos están vinculados con la llamada Cuarta Transformación, “levanta dudas razonables sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal con respecto al Ejecutivo”.
En un informe muy duro contra la organización de las elección judiciales, la misión celebró que la jornada electoral sucedió en un “clima de tranquilidad”, pero expresó su “preocupación” ante el bajo nivel de participación –87% de los votantes no acudió a las urnas– y por el “alto porcentaje de votos nulos y no marcados”.
La misión concluyó su reporte planteando que “la ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular, que no tiene precedentes a escala mundial, contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia; o si, por el contrario, acaba debilitando la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial”.
Entre los aspectos preocupantes de la elección, la misión señaló:
- El reparto de acordones –planteó que “reprueba estas prácticas y se mantiene atenta a las investigaciones–.
- Que las nueve candidaturas con mayor cantidad de votos a la Suprema Corte fueron promovidas en “acordeones físicos y virtuales”.
- Que observadores electorales trabajaron bajo la coordinación de partidos, lo cual no sólo es contrario al espíritu de la elección judicial, sino que está prohibido por los propios lineamientos.
Con ello, confirmaron las sospechas emitidas por algunos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes plantearon que el número inédito de solicitudes para ser observadores electorales podría reflejar una operación electoral orquestada por partidos políticos para desplegar a militantes en las casillas.
La misión resaltó que escuchó “repetidas críticas contra las autoridades electorales, particularmente contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”, y explicó:
“Diversos actores señalaron que su confianza en el tribunal se había resentido notablemente debido a que éste no había actuado de manera ni expedita ni efectiva”, aunado al hecho de que la Sala Superior atravesó el proceso electoral con solamente cinco integrantes, de los siete que debía tener por ley.
La misión, encabezada por el chileno Heraldo Muñoz Valenzuela, señaló que el proceso electoral se llevó a cabo “en un plazo muy breve y en un contexto político complejo, caracterizado por una fuerte polarización y un alto nivel de litigiosidad”; su informe final señaló que la elección de jueces no tiene “precedentes en el mundo”, y tuvo “uno de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral”.
El grupo presentó sus observaciones y recomendaciones en un informe de 37 cuartillas presentado el 6 de junio último. En él, cuestionó los bajos requisitos con los que se seleccionaron a los candidatos para ocupar los cargos judiciales –“para el caso de los jueces y juezas de distrito no se exige ninguna experiencia que acredite un mínimo de desempeño o actividad profesional en el área jurídica”, subrayó–, y criticó el carácter ambiguo del criterio de “buena reputación” que pudo prestarse para “exclusiones arbitrarias”.
La misión consideró de lo “más preocupante” que los Comités de Selección que filtraron las candidaturas tuvieron una “capacidad de autorregulación” que llevó a “que las reglas y procedimientos para evaluar la idoneidad de los postulantes fueran marcadamente diferentes y tuvieran distintos niveles de exigencia”. Observó que el comité del Ejecutivo se limitó en verificar los perfiles en 10 minutos y el del Legislativo pidió un breve ensayo, mientras que el del Legislativo tenía exigencias mucho más elevadas.
Aparte, aseveró que la renuncia del Comité del Poder Judicial y su sustitución por una tómbola realizada por Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, no ofrece “garantías de que quienes resulten electos tengan la solvencia técnica, la idoneidad y las capacidades específicas que los cargos que asumirán requieren”.
Camino atropellado
En su informe, la misión de la OEA hizo un repaso del camino atropellado de la elección judicial, desde la polémica aprobación de la reforma judicial hasta el reparto de acordeones que “podrían constituir propaganda o permitida y potencialmente un intento de coacción al voto”, pasando por el “sorteo” de cargos mediante tómbola, por la descarnada batalla legal entre el TEPJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Lo anterior sucedió ante un INE obligado a inventar reglas sobre la marcha, pese al recorte presupuestario drástico de 47% y de verse obligado a suspender la organización de los comicios durante más de dos meses.
El 1 de junio último los observadores constataron retrasos en la instalación de casillas, y que algunas de ellas carecían de acceso para personas con discapacidad. Señalaron que 39 casillas no pudieron abrir, pero en general reconocieron que “la jornada electoral transcurrió de manera general en un ambiente de tranquilidad, registrándose algunos incidentes aislados, que no afectaron significativamente el desarrollo del proceso”.
Los 16 integrantes de la misión, provenientes de 10 países de la región, llegaron a México el 24 de mayo último, y se reunieron con los principales actores de las elecciones judiciales –de gobierno y de sociedad civil– para descifrar el contexto político en el que ocurría la renovación de jueces mediante el voto, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador e implementada por las mayorías legislativas de Morena y el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
La mayoría de sus interlocutores “coincidió en que efectivamente era necesario reformar al Poder Judicial para tornarlo más transparente, eficiente y, sobre todo, expedito”, señaló, y agregó:
Sin embargo, las opiniones son radicalmente opuestas respecto de si esta reforma judicial es la adecuada para lograr dichos objetivos.
Subrayó que los integrantes del Poder Judicial y de la academia rechazaron de manera “tajante” la reforma aprobada, y recordó que la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron sus “preocupaciones” sobre el alcance de los cambios al Poder Judicial realizados por Morena; en contraste, resaltó que los integrantes del oficialismo –los candidatos y servidores públicos– alabaron la reforma como una manera de eliminar la corrupción en el Poder Judicial.
El informe recordó que la reforma judicial empezó con el anuncio del llamado “Plan C” de López Obrador, en el paquete de reformas que presentó el 5 de febrero de 2024, hasta la aprobación polémica del texto, lograda gracias al reacomodo del panista veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez con el oficialismo.
“Al día siguiente, es decir, en menos de 24 horas, más de la mitad de los Congresos de las entidades federativas ratificaron las enmiendas, requisito del marco normativo mexicano para cambios constitucionales”, señaló el documento.
Respecto de las campañas, la misión observó “fuertes inequidades” entre candidatos que tenían acceso a medios masivos de comunicación o podían pagar para promocionarse en redes, y los que carecían de los recursos para competir, sobre todo a raíz de la decisión del TEPJF de disparar los montos de topes de campaña, en contradicción con el texto de la reforma.
