Reingeniería al Infonavit: el gobierno busca control total sobre 2.4 billones de pesos de los trabajadores
Jorge Monroy
La reingeniería al Infonavit que proponen Morena y el gobierno federal implica que el oficialismo pueda disponer de 2.4 billones de pesos del Fondo Nacional de Vivienda, que actualmente está bajo su administración. También contempla romper con las decisiones tripartitas en el instituto y reducir la auditoría sobre él.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa al Congreso de la Unión para regular la construcción y renta de 2 millones de viviendas por parte del Infonavit, principalmente para jóvenes. Pero la iniciativa fue más allá y propuso una reingeniería al instituto, lo que ha causado polémica y rechazo por parte de organizaciones gremiales y empresariales.
La iniciativa ya fue aprobada por el Senado y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.
El foco de la discusión se centra en la reforma al artículo 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, donde se plantea que los recursos bajo administración del Infonavit, es decir, el dinero de las subcuentas de vivienda de los trabajadores, serán destinados a la construcción de vivienda por conducto de una empresa filial, a fin de fomentar la oferta destinada al arrendamiento social de los trabajadores. Con esto, el gobierno podría hacer uso de 2.4 billones de pesos que hay en el Fondo Nacional.
Además, plantea que el Comité de Auditoría, que actualmente está conformado de manera tripartita entre gobierno, trabajadores y sector empresarial, ahora tenga cinco integrantes del gobierno, dejando en minoría a los trabajadores y el sector privado.
Lo mismo sucedería con el Comité de Transparencia, que pasaría de tres a cinco integrantes, pero tres de ellos serían del gobierno federal; mientras que el Consejo de Administración del Infonavit se reduciría de 15 a 12 integrantes.
En el dictamen aprobado por el Senado también se plantea que el director general del Infonavit únicamente sea nombrado por la persona titular del Ejecutivo federal, sin el aval por parte de la Asamblea General del instituto, como sucede hasta ahora.
La norma plantea que el director general del Infonavit tenga facultades extraordinarias como el derecho de veto sobre las resoluciones que no sean adoptadas por unanimidad en el Consejo de Administración o por la Comisión de Vigilancia, lo que daría ventaja al gobierno federal sobre el destino de los recursos.
Además, el dictamen aprobado por el Senado busca aligerar la vigilancia al Infonavit, al eliminar las facultades de regulación bancaria por parte de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
