Elecciones y más elecciones a la vista
Fernando Díaz Naranjo
Apenas en junio de este año nuestra nación vivió la elección más grande en su historia por múltiples razones destacando la renovación de 20,708 cargos de elección popular, 629 a nivel federal (la presidencia de la República, las 500 diputaciones federales y las 128 senadurías), así como 20,079 cargos a nivel local, destacando la renovación de la jefatura de gobierno de la ciudad de México, 8 gubernaturas, 1,802 presidencias municipales y la renovación de 31 congresos locales.
Esta elección aglutinó el mayor número de personas electoras, más de 98 millones de registros lo que implicó, entre otros factores, la instalación de 170,181 casillas electorales lo que derivó en la capacitación de 2.8 millones de personas para que más de 1.5 millones de nuestras vecinos y vecinas fungieran como personas funcionarias de casilla.
En este sentido, e independientemente de los resultados electorales y que aún se siguen analizando asuntos relacionados con dicha elección en los órganos jurisdiccionales electorales, derivado de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre pasado, se realizarán elecciones populares para elegir en distintos cargos a personas juzgadoras.
Esta elección que estará a cargo del INE y es la primera que se realiza de este tipo de proceso en nuestro país y se llevaría a cabo el primero de junio de 2025, salvo que el Congreso de la Unión defina otorgarle o no al INE una prórroga por 90 días más que solicitó para llevar a buen puerto este proceso electivo.
Este proceso electoral enfrenta varias críticas, la principal gira en torno a diversos cuestionamientos de distintos horizontes sobre si en verdad dará los resultados de contar con un Poder Judicial autónomo, que de certeza jurídica, que fortalezca un Estado de Derecho, si protegerá los derechos humanos, entre otros.
Además, la complejidad resulta desde la propia ciudadanía que en diversos sectores de la población desconoce este proceso electoral, la forma en que se llevará a cabo o cuándo será la elección. Esto puede provocar un importante abstencionismo que, de entrada, le reste credibilidad a un Poder Judicial que lo requiere hoy más que nunca.
Veremos en próximos días la evolución de este proceso electoral judicial en donde, por ejemplo, siguen las posiciones encontradas en torno al presupuesto solicitado por el INE para que la ciudadanía pueda asistir a las urnas y elegir a las personas candidatas que, se espera, se postulen.
En 2025 tenemos más elecciones a la vista ya que en el estado de Durango se renovarán 404 cargos de elección popular, 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas, 326 regidurías y sus respectivas suplencias. En tanto, en el estado de Veracruz la población podrá votar por mil 054 cargos de elección popular: 212 corresponden a presidencias municipales, 212 sindicaturas y 630 regidurías.
Bajo este contexto, resulta importante referir que, tras la reforma constitucional en materia político electoral de 2014 por el que le fueron dadas al INE más de 70 nuevas atribuciones en comparación con el anterior IFE, se ha constituido como la autoridad electoral que organiza elecciones federales y locales, éstas últimas en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales.
Tantos procesos electorales lo único que demuestran es que el fundamento que da plena credibilidad a la renovación del poder público y, ahora, al Poder Judicial, es justamente la participación ciudadana.
Por ello, será importante que el arribo de las nuevas autoridades judiciales se dé bajo un esquema de una participación ciudadana importante en las urnas. Veremos.
