Sinaloa: políticas públicas que trascienden la crisis y amnistía al dinero non sancto

Oscar Loza Ochoa

Nuestras víctimas nos conocen por sus heridas y por sus cadenas:
eso hace irrefutable su testimonio.
Frantz Fanon

La crisis humanitaria que padecemos no se incubó ayer. La fuerza y tropel con que marcha después de dos meses nos grita a voz en cuello que echó raíces en serio no sólo en la estructura económica, sino en buena medida en los vasos comunicantes que le dan oxígeno a la sociedad. Sin descartar que la vida política también está salpicada de manchas indelebles que deja las actividades ilegales. El ejercicio de la crítica debe partir de manera dual desde la autoridad y desde las bases sociales. Quizá sea más natural, más productiva y más sana si esto arranca desde las filas de una sociedad a la que le urge encontrar la salida definitiva a la crisis.

Existe una pregunta que lleva tiempo en los labios de muchos ciudadanos, ¿qué porcentaje de nuestro PIB tiene influencia de capitales non sanctos? Es decir, de esos capitales cuya cuna no se puede presumir abiertamente. ¿Alcanzará el 12 o el 17 por ciento del total? Es muy importante que empresarios y especialistas en el tema tomen la palabra y nos acerquen a las cifras reales. Porque más allá de tener precisos los números y cantidades, es importante, muy importante, tener una actitud frente a ello. Hace años, el analista José Luis López Duarte, hizo un planteamiento que debe regresar al análisis: ver la conveniencia de una amnistía a esos capitales, pues a final de cuentas costaron vidas, salud e inseguridad a toda la sociedad, sin que ello reduzca la responsabilidad penal de quienes han hecho oficio y carrera en el delito del trasiego de drogas y lavado de dinero.

Seguimos esperando que el primer eje de los cuatro de la estrategia de Claudia Sheinbaum inicie su aplicación en Sinaloa y en los estados llamados claves. Pero que arranque ya. Hay desesperación por las cuotas diarias de pérdidas de vidas e integridad de los jóvenes a quienes deben estar dirigidas esas medidas. Los jóvenes no pueden esperar, como decíamos hace años, al tiempo de las calendas griegas. También esperamos medidas de carácter social del gobierno de Rocha Moya. Que el perfil de gobierno humanista tome el espacio o los espacios que permitan rumbo y andadura diferente y constructiva.

El presupuesto debe tener otro rostro, que identifique muy bien la nueva política y el rumbo que se propone en materia económica y de seguridad. El discurso no adquiere ni contenido verdadero ni sentido social sin que el presupuesto económico le dé el sustento necesario.

Las medidas administrativas y las políticas públicas requieren de recursos. Y éstos no pueden limitarse bajo la argumentación de que el Estado tiene muy cercanas las fronteras de sus posibilidades económicas. Orientar el presupuesto hacia las necesidades centrales, atendiendo lo urgente y lo imprescindible a mediano plazo, permite tomar en manos seguras lo que debe construirse ahora y consolidar mañana.

También dependemos de las condiciones externas. Por ello hay que prepararse ante las agresiones que vendrán de la administración Trump. Ya se ha adelantado a echarnos la culpa de todo lo relacionado con migración y tráfico de drogas. Nos amenaza con incrementar al 25 por ciento nuestras exportaciones y otras lindezas por el estilo. Que no se nos olvide recordarle que buena parte de la responsabilidad está en su infinito mercado de adicciones y el tráfico de armas y la largueza con la actúa el sistema financiero internacional de EU y de Inglaterra.

Quieren obligarnos a detener los flujos migratorios de los países centroamericanos, que siguen siendo saqueados por sus consorcios sin que haya inversiones como compensación. Ya lo hemos hecho sin que haya correspondencia en el rubro de tráfico de armas o posibilidad de enderezar el comportamiento de su ambiciosa banca. Hagamos planteamientos de negociación en serio. No puede haber compromisos sólo de nuestra parte mientras que ellos los niegan. Nos quieren dictar cátedra, sin ningún rubor, como lo hace su embajador Ken Salazar. Exhibamos las responsabilidades que le corresponde a la administración estadounidense ante Wall Street y su banca y a su Poder Judicial frente a los fabricantes de armas.

No está mal que haya una estrategia nacional sobre la violencia en nuestro país, pero desde 2006 que Calderón inició la llamada Guerra contra el Narcotráfico ha quedado muy claro que ninguna acción policial o de las fuerzas armadas de esa envergadura puede funcionar sin controles desde la sociedad civil. La CNDH, las comisiones estatales de derechos humanos y organizaciones civiles han documentado hasta la saciedad una y mil violaciones a los derechos humanos, como para seguir negando ese tipo de control.

Si queremos encontrar una solución a esta situación de crisis y con el menor costo social posible, los órganos de control civil deben tener un carácter constitucional y actuar con la efectividad que nuestra emergencia requiere y exige.

Y entre las nuevas tareas, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, tiene las suyas en el entorno de la crisis actual. Hasta hoy no ha ido más allá de las que corresponden al espacio de las aulas. La SEPyC debe invadir todos los campos de la comunicación escrita, digital y de audio. Y debe estar presente las 24 horas del día en todos los espacios públicos y en la medida de lo posible en los privados. Formar una nueva generación de ciudadanos y ciudadanas no es un asunto de lo que las aulas abren en posibilidades. La SEPyC debe ir por todo o renuncia a la rectoría educativa como esencia de su ser.

El gobernador debe entender que la vivienda, el empleo y la educación, son los ejes centrales que deben tomar cuerpo en la segunda parte de su sexenio. Con ello sentaría las bases de los 17 objetivos y 169 metas que busca la Agenda 2030 de la ONU. Vale.