Fiscalía promotora de la ilegalidad ¿Habrá consecuencia?
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
La violación flagrante a la reserva de los registros de la carpeta de investigación por la Fiscalía estatal es un delito grave ¿Podrá haber confianza ciudadana con actuaciones que se apartan de la legalidad?
En los hechos en los que sufrió el atentado criminal el Director General de Comunicación Social de la Universidad, Arnoldo Valle Leyva, sus derechos se vieron quebrantados ya que se puso en riesgo su seguridad personal al violarse su resguardo a su identidad y otros datos personales que protege el artículo 20, inciso “C” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Fiscalía estatal falló en cumplir con un requisito esencial previsto en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales como es el de la reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas… La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.
El Director General de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, es una víctima del delito porque así lo describe el diverso artículo 108 del mismo Código Nacional cuando dice que: “Se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito…”
Asimismo, para quienes no conocen algunas restricciones que impone el mencionado Código Nacional en su artículo 109, la víctima deberá ser tratada con respeto y dignidad y a recibir trato sin discriminación a fin de evitar que se atente contra la dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos se hará sin distinción alguna, como así lo mencionan las fracciones VI y VII de dicho precepto legal.
El universitario agraviado por el delito recibe la ofensa también del Titular del Ejecutivo, cuando afirma que los hechos que sufriera Valle Leyva eran producto de conflictos internos en la Casa Rosalina sin que se le escuchara decir que la Fiscalía investigaría los hechos para resolver ese criminal atentado, sin repara tampoco que ese hecho pudo cobrar otras víctimas colaterales ya que ese espacio laboral está cargado de oficinas y trabajadores.
Pero todo ese entramado de complicidades se pone al descubierto, cuando la propia Fiscalía filtró información reservada de la investigación al Gobernador del Estado, porque fue el mismo Ejecutivo Estatal quien lo manifestó públicamente en su semanera de los lunes que habría revisado cuidadosamente las videograbaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el Campus Universitario. Los registros de la carpeta de investigación solo los partes pueden tener acceso a ella y no el Gobernador porque sencillamente no es parte en esa carpeta criminal.
La víctima de ese atentado abominable pudo recibir la atención personalizada a su derecho de protegérsele, hasta que se recibió el llamado de la Presidencia de la República que la víctima debería ser protegida. Sino se da esa llamada, seguro que Arnoldo Valle continuaría sin protección y a merced de los delincuentes que quisieron privarlo de su vida.
La delación realizada no es más que la confirmación de un hecho que desde la cabina de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, se ha venido repitiendo diariamente en el programa punto universitario de que en la Fiscalía no hay independencia en las investigaciones criminales, porque es más que evidente que el Ministerio Público se ha subordinado al Ejecutivo Estatal.
El H. Consejo Universitario Rosalino acordó que se lleven a cabo todas las medidas que resulten pertinentes para que la Fiscalía General de la Republica atraiga la investigación del atentado dentro de las instalaciones universitarias por la falta de confianza a la Fiscalía del Estado ya que no garantiza una investigación de los hechos de manera profesional e imparcial y tampoco es garante de que los responsables de los hechos sean castigados y que le apuesten a la impunidad como suele ocurrir cotidianamente en los delitos que se cometen en Sinaloa. Así se las gastan en la Fiscalía Estatal.
