Integridad electoral: lo que el 2 de junio quedó a deber… y lo que falta

Proceso

No se ha probado que durante el proceso electoral del pasado 2 de junio se haya fraguado fraude alguno; sin embargo, no se le puede considerar un modelo de integridad.

El Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE), una iniciativa que conjunta esfuerzos de instituciones públicas y organizaciones civiles, dio a conocer su quinto informe en el que examina los acontecimientos ocurridos el primer domingo del mes, en el que considera que la normalidad con la que se desarrolló la jornada no puede opacar las irregularidades que se presentaron durante las etapas preparativas.

Y como el proceso no concluyó con el cierre de las casillas, sino que aún está pendiente su definición legal, el informe incluye entre los riesgos los litigios electorales que aún están por ventilarse, en los que el Tribunal Electoral aún tiene qué decir.

Sobre este punto, el informe considera que la amplia ventaja de 30 puntos en la Presidencia de la República hace difícil que esta se pueda impugnar.

Pero no es el caso de la elección en el Congreso federal en donde los representantes de los partidos políticos buscan judicializar expedientes que los colocan en condiciones de subrepresentación, señala el informe de 38 páginas.

“Las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverán los casos relativos a distritos federales con resultados cerrados y se determinará una resolución sobre la sobrerrepresentación política de los partidos”, avizora el informe.

Esfuerzo colaborativo

Identificado a sí mismo como un esfuerzo colaborativo entre instituciones y sociedad civil para monitorear el desarrollo apegado a la ley de los comicios de 2024, el ANIE consiste en un conjunto de compromisos sociales y cívicos que fueron adoptados por las instituciones electorales y actores políticos para regirse bajo los más altos estándares de integridad durante el proceso electoral 2023-2024.

Entre las autoridades e instituciones firmantes del Acuerdo están:

• El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
• Salas Regionales y Especializada del TEPJF
• 32 Tribunales Electorales Locales
• 31 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES)
• 5 Consejeros Electorales del Instituto Nacional Electoral (INE)
• 3 Universidades: Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH), UAM y UNAM (a través de su proyecto Voto Informado)
• Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción

Entre las organizaciones civiles figuran:

• Causa en Común
• Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
• Coparmex
• El Instituto de Estudios para la Transición Democrática
• Laboratorio Electoral

Con la finalidad de recopilar y procesar en tiempo real la información relativa al desarrollo de la jornada electoral, se desplegó una red de monitores en todo el país que fueron capacitados por el equipo técnico de ANIE.

El objetivo, destaca el acuerdo, fue registrar hechos que pudieran atentar contra la integridad en el desarrollo de los comicios. El día de la elección se contó con 150 monitores distribuidos a lo largo de todo el país y se solicitó que centraran su atención sobre incidentes de violencia, compra y coacción de voto, difusión de información falsa y problemas con la instalación de las casillas.

Focos rojos

Al igual que lo hizo en su tercer informe de abril pasado, el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral identificó siete focos rojos respecto a los eventos suscitados después de la jornada electoral del 2 de junio.

La iniciativa subraya que cada uno de estos riesgos van a ser determinantes para las siguientes etapas del proceso electoral:

• Anuncios de victorias anticipadas. Previo al pronunciamiento de las autoridades electorales y segundos después de la hora del cierre oficial de casillas electorales, hubo anuncios anticipados de resultados que generaron confusión e incertidumbre en el electorado, sin mencionar los anuncios adelantados de integraciones del Congreso por la Secretaría de Gobernación sin siquiera contar con los cómputos distritales.
• Problemas en los flujos de información. Retrasos que se dieron en el anuncio de resultados preliminares y la falta de comunicación sobre el origen de estos retrasos. La comunicación veraz, contundente y expedita es fundamental para asegurar la integridad electoral y evitar la desinformación.
• Rechazo a los resultados de la elección. Al término de la jornada electoral, se advirtió que diversos actores políticos desconocieron los resultados electorales preliminares cuando éstos no les favorecían, además de que se presentaron graves descalificaciones hacia las autoridades electorales al momento del cómputo de votos.
• Narrativa de fraude. A partir de los conteos y recuentos distritales, no se ha probado que durante este proceso electoral se haya fraguado fraude alguno. Sin embargo, varias fuerzas políticas han anunciado supuestas anomalías y la existencia de lo que han denominado “elección de Estado”, además de que otras fuerzas políticas desacreditaron el papel de las instituciones electorales.
• Violencia previa, durante y poselectoral. Este proceso electoral ha sido el más violento en la historia reciente con el registro de mil 980 eventos violentos y 34 asesinatos antes, durante y después de la jornada electoral. La violencia político-criminal se manifestó durante la jornada aunque eso no evitó que la ciudadanía acudiera a votar.
• Litigios electorales en puerta. La judicialización de la elección pone en jaque a las autoridades electorales jurisdiccionales que, además llegaron debilitados a la jornada electoral.

“El hecho de que la jornada electoral haya transcurrido sin mayores problemas no significa que este proceso electoral sea un modelo de integridad”, destaca la ANIE en su comunicado, resaltando que éste y los informes precedentes quedaron documentadas las violaciones a las normas electorales y la inequidad en el acceso a medios y recursos, “exposición que la coalición oficialista ha utilizado a su favor”.

Esto, añade, “sin mencionar la falta de neutralidad de funcionarios políticos clave. La emisión de más de 30 medidas cautelares al Presidente de la República no ha hecho más que confirmar su constante intervención en el proceso”.

Lo que viene

Lourdes Morales, coordinadora del Quinto Informe sobre Integridad Electoral, plantea que, al calificar la elección presidencial, la Sala Superior del Tribunal Electoral tiene el deber de revisar la regularidad de un proceso electoral “que tuvo un resultado electoral contundente, pero un desarrollo particularmente problemático desde un punto de vista de integridad electoral.”

En ese contexto recomienda enfáticamente a los representantes de los partidos políticos, a los candidatos y, en particular, a los funcionarios públicos a que se desempeñen con apego a la legalidad y que respeten la ruta de los procedimientos y el resultado de la elección, aun y cuando los resultados no les favorezcan.

Asimismo plantea a las autoridades jurisdiccionales que sus deliberaciones estén apegadas a principios básicos de transparencia y rendición de cuentas.

Uno de los litigios más fuertes en puerta será el relacionado con la sobrerrepresentación.

“La oposición anunció que impugnará los criterios de asignación de curules y escaños, bajo el argumento de la sobrerrepresentación por coalición vs la sobrerrepresentación por partido político como lo establece la Constitución”.

El detalle de este conflicto será abordado con detalle en el siguiente informe.

Recomendaciones

Se exhorta a los representantes de los partidos políticos, a los candidatos —los que fueron electos y los que no fueron favorecidos con el voto mayoritario—, y, en particular, a los funcionarios públicos a que se desempeñen con apego a la legalidad y que respeten la ruta de los procedimientos y el resultado de la elección aún y cuando los resultados no les favorecen. Exigimos evitar las amenazas, el descrédito y el discurso estigmatizante hacia las autoridades electorales, especialmente cuando se trata de mujeres, puesto que esto no solamente fomenta la violencia política por motivos de género, sino que también contribuye a minar la legitimidad de las elecciones en sí mismas.

Se recomienda la publicación detallada de los informes de fiscalización de los gastos de campaña de los partidos políticos, así como la integración y publicación de investigaciones derivadas de denuncias sobre el posible uso de recursos públicos con fines políticoelectorales. Es de particular interés lo referente a la posible incidencia de la estructura de la Secretaría del Bienestar y los servidores de la nación en los resultados electorales, así como las denuncias relativas a la intervención de gobernadores y funcionarios públicos en las entidades que renovaron gubernaturas.

Se exhorta a las autoridades electorales jurisdiccionales a que todas las deliberaciones y sentencias se hagan con apego a principios básicos de transparencia y rendición de cuentas para que la ciudadanía cuente con información y certidumbre sobre las determinaciones que se tomen.

Se solicita a todas las autoridades electorales a realizar un esfuerzo de pedagogía pública para explicar a la ciudadanía el fundamento y motivación de cada una de las determinaciones y calificaciones que se tomen y en particular aquellas que tengan un impacto directo sobre los resultados electorales tal y como se conocen hasta ahora.

Se pide a las instituciones encargadas de la Seguridad que garanticen la integridad de quienes aún después de la elección y de los cómputos distritales, han sido amenazados por el simple hecho de desempeñar su labores como árbitros electorales. Desde la ANIE rechazamos cualquier manifestación cercana a la ilegalidad o a la violencia.

El informe completo puede consultarse en el siguiente enlace.