Cuota de género daña la democracia electoral
Carlos Ramírez
El avance de las mujeres en el ambiente político entró en una zona de conflicto con la decisión de las autoridades electorales de entregar a mujeres por obligación y no por militancia o presencia el 55% de las candidaturas a gobernador en este año y esta decisión se extenderá a la distribución de posiciones legislativas y otros cargos de elección popular.
El problema no es de machismo per se, sino de trabajo político. En el caso de Morena, cuyos candidatos a gobernador está mejor posicionados rumbo a la victoria, se dio el caso extremo de que la cuota de género pudieran ser una ventaja a favor de la oposición: el precandidato Omar García Harfuch logró el 40.5% de la tendencia de votos, pero la decisión del partido por mandato de las autoridades electorales se le deberá entregar a Clara Brugada, cuyo 26.7% –13.8 puntos porcentuales menos– representa una desventaja competitiva por razones de mandato electoral.
La democracia se basa en el respeto al mandato de las mayorías. Pero un falso feminismo político está imponiendo la presencia de mujeres en posiciones de poder no por capacidad, sino por decisión autoritaria que nada tendría que ver con la tendencia o el sentido de los votos del electorado.
El tema de la cuota de género despierta pasiones casi iguales a las que dinamiza cualquier debate sobre el aborto. Pero el problema de los derechos políticos de género no debiera interrumpir el flujo de simpatías democráticas. En Estados Unidos se maneja mucho una reflexión que tiene que ver con el avance de las minorías raciales en posiciones delicadas: ¿a quién le confiaría una persona la salud de un familiar? ¿A un médico de color que llegó a posiciones por cuota racial o a un médico blanco que trabajó en exceso para capacitarse en la disputa de posiciones?
En el caso electoral está reproduciendo este conflicto dialéctico: los presuntos votantes de la tendencia electoral de Harfuch tendrían que votar por disciplina de partido a favor de la candidata Brugada, pero no por reconocimiento a su capacidad política o por simpatía, sino que por obligación autoritaria de las instancias electorales que le dio prioridad a la cuota de género que a la expresión democrática de militantes del partido.
De las nueve candidaturas a gobernadores y jefe de gobierno capitalino, cuando menos se detectaron tres casos en los que Morena por obligación tendrá que designar a una mujer con posición minoritaria en la elección interna, frente a la tendencia de los hombres que habrían ganado un mejor posicionamiento en las encuestas: Brugada en Ciudad de México, Alma Alcaraz en Guanajuato y Claudia Delgadillo en Jalisco.
El tema de las cuotas de género en política electoral debe ser prioritario porque se estaría privilegiando a mujeres en función de su género y porcentaje poblacional y no en relación directa a su presencia o participación en competencias. Qué hubiera pasado en Ciudad de México, en un caso extremo, si la candidata en segundo lugar hubiera apenas acumulado 1% de los votos, pero que por obligación antidemocrática de las autoridades electorales que dicen defender la democracia debería tener la candidatura debido a su género y no de su capacidad política.
En la lucha político-electoral, la igualdad de género se está logrando por decisión autoritaria de obligación en porcentajes fijos de candidaturas a las mujeres, lo que pudiera estar encumbrando a personalidades que representen un género y que no ofrezcan en la realidad propuestas que entusiasmen a los electores. En términos reales, la cuota de género en Ciudad de México será una desventaja competitiva para Morena porque no hay ninguna garantía de que los votantes de Harfuch emitan su voto a jefe de gobierno por Clara Brugada, en el entendido de que la competencia interna polarizó a los seguidores de ambos precandidatos y no hay garantía de que los simpatizantes de Harfuch vayan a salir a votar con entusiasmo por Brugada.
El asunto no debería desviarse hacia algunas acusaciones superficiales de machismo, sobre todo porque las votaciones son el ejercicio personal del ciudadano a favor de una persona a la que estaría otorgando la confianza para ejercer alguna parte del poder. La cuota de género, en consecuencia, debería considerarse como una decisión autoritaria de tipo antidemocrático y debería obligar también autoridades electorales y partidos a generar nuevas reglas de preparación, capacitación y presentación de candidatos sin depender de cuotas de género que distorsionan la democracia.
La sociedad mexicana ha demostrado que no es machista, por lo que la cuota de género obligatoria en candidaturas a gobernadores sería decisión autoritaria de las oficinas electorales que están distorsionando la democracia.
