Falsedades agendadas. Promoción pagada

Alfonso Carlos Ontiveros Salas

Vino porque lo trajeron, no fue visita gratuita sino pagada por el gobierno del estado. Lo presentó Noroeste un periódico local. Difundió falsedades ¿habría quien las creyó?

Abogado de profesión, doctor en derecho y seguro conocedor de la ciencia del derecho. Luis Pérez de Acha. Experto constitucionalista y en fiscal y administrativo. Platicó casualmente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, aunque su enfoque fue calificar la competencia de la Auditoría Superior del Estado.

Afirmó, así lo señaló la página del periódico que lo presentó, que la Auditoría Superior del Estado podía auditar recursos propios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque son públicos. Que inteligente definición la que trajo tan distinguido profesionista.

A qué auditorio se dirigió el visitante pagado, seguramente a los integrantes de la Auditoría Superior del Estado y uno que otro funcionario del gobierno del estado, de la fiscalía estatal y el juez de consigna del poder judicial del estado.

El conspicuo conferencista seguramente recitó toda una cátedra producto de su abundante experiencia en el manejo de eso litigios, al atreverse a afirmar que la ASE puede auditar los recursos públicos de la UAS ¡solo porque son públicos!

Que la suprema corte de justicia de la nación ha establecido la competencia de la auditoría superior de los estados para auditar los recursos propios de las universidades es posible, pero serían aquellas dependientes directamente de los presupuestos estatales, las que son subsidiadas con presupuesto propio del estado o sea el que ha sido generado con sus propios impuestos, derechos, entre otros.

La universidad pública autónoma por ley, reguladas por la fracción VII del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, les concede la libertad para administrar su patrimonio, parte del mismo se origina precisamente de sus recursos propios que son los que se obtienen a través de las cuotas de inscripción, prestación de servicios, entre otros.

La traída del profesionista de marras no fue casual, fue porque el auto de vinculación a proceso que le fuera dictado al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Madueña Molina, fue objeto de una suspensión definitiva dictada por un juzgado de distrito de esta ciudad de Culiacán, por virtud de una ejecutoria dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito de Mazatlán.

La incompetencia de la Auditoría Superior del Estado es precisamente el tema a discusión en el proceso penal que se le sigue al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa conjuntamente con el otrora Abogado General de la propia Institución, por un supuesto delito de abuso de autoridad señalado en su contra.

El uso faccioso de las instituciones del estado está más que demostrado. La presión o persecución política está más que a la vista si observamos como el poder arbitrario del gobierno del estado ejerce mayor presión en el conflicto contra la UAS y sus autoridades, cuando gradualmente está atomizando las carpetas de investigación, judicializándolas. Construyendo abanicos de procesos penales y entorpeciendo las actividades sustantivas de la UAS.

Van cuatro en total de junio a octubre del año en curso y otras que todavía están aguardando en el escritorio de la fiscal, pero la guerra jurídica está a favor de los universitarios porque las derrotas han quedado más que evidenciadas en el terreno gubernamental.

Pérez de Acha solo vino a revolver el lodo y a bañarse con él, pero no a decir la verdad. No les conviene, porque saben que no la traen ni cierto es que la Corte ha sentado precedente de que las auditorías superiores estatales pueden auditar los recursos propios de las universidades públicas autónomas como la UAS. El distinguido Abogado se quedó corto en el análisis que seguro hizo de la ley de entidades paraestatales de Sinaloa, que no le aplica a la UAS, el debió saber por qué. El mismo error cometido por la fiscal y por el juez.

Las leyes orgánicas de las instituciones públicas de educación superior autónomas por ley son las que dictan las reglas basadas en un régimen de autonomía y autogobierno que la propia Constitución Federal y la ley orgánica se les otorga. Fueron los Congresos locales los que las dotaron de esas herramientas jurídicas que ahora pretenden desconocer.

La suspensión definitiva concedida en favor del Rector y en contra de las supuestas atribuciones de la ASE ¿lo sabía Pérez de Acha? o ¿porque no se lo informaron? Porque de existir ese precedente de la Corte, no se hubiese concedido esa suspensión definitiva. Qué lástima, haberse prestado para engañar y descreditarse, al atreverse a decir en su discurso que la ASE podía auditar a la UAS, pero el tiro le pegó en la cara, lo ridiculizó y quedó muy lejos de ese reconocimiento que buscaba en el manejo del derecho constitucional, porque no lo demostró.

La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.

¿Usted qué opina?

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