Justicia empantanada. Intereses políticos la manchan
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Jesús Madueña Molina y coimputados en manos de jueces indignos. Un proceso penal plagado de ilegalidades, manchando la honorabilidad de los juzgadores sinaloenses.
No es un asunto de tortillas y facturas canceladas. Es un asunto de legalidad y honradez, de quien se atrevió a integrar una carpeta de investigación basada en recortes periodísticos, notas de fasebook y facturas canceladas.
Es irrisorio ver como los fiscales se hacían bolas al no saber exponer la ruta del subsidio federal que recibe la Universidad Autónoma de Sinaloa, desde que sale de la hacienda federal y pasa por el congreso del estado sin que se pierda la naturaleza federal de ese recurso. No lo dicen los defensores, lo dice la Constitución Federal en su artículo 79 y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Quedó muy claro también que el régimen laboral de los trabajadores al servicio de la Casa Rosalina, incluyendo el Rector, quedan sujetos a disposiciones legales muy distintas a las que señala la Constitución Política Local y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Los trabajadores al servicio de la Universidad Autónoma de Sinaloa son sujetos del apartado “A” del artículo 123 Constitucional y su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo.
No solo quedó suficientemente claro que los trabajadores universitarios no son servidores públicos tan es así que ese supuesto no lo logró demostrar la fiscalía, pero se enredó y no supo cómo describirlos. Sin embargo y como el artículo 296 del Código Penal para Sinaloa estableces que si no se demuestra ese requisito de ser servidor público deberá probarse entonces que la persona imputada manejaba o aplicaba recursos públicos propiedad del Estado o de los municipios, requisito procesal que tampoco fue satisfecho porque todo el recurso que manejan o aplican dichos imputados son de naturaleza federal.
Como la exigencia normativa impone los requisitos de ser servidores públicos y que aplicaran o manejaran recursos propiedad del Estado, y como no demostraron dichos elementos del tipo penal de ejercicio indebido del servicio público, la resolución del juez, debió ser el dictado de un auto de no vinculación a proceso.
Fiscales y juez, actuaron impúdicamente en proteger al Gobernador por la afirmación que había hecho en una de sus semaneras que tenía una factura por la compra de 18 millones de pesos de tortillas y que en cualquier momento lo demostraría.
Ese hecho, no solo no lo demostró la fiscalía, sino que se probó totalmente lo contrario en la audiencia inicial en la que fueron imputados el Rector Madueña Molina, el exrector Guerra Liera y los miembros del comité de adquisiciones.
En el proceso los fiscales dejaron bien claro que la litis se centraría no en la compra de las tortillas, ni en las facturas canceladas, sino porque no se habían respetado los límites para licitar públicamente ese producto en los años 2020, 2021 y 2022. Ese importante requisito procesal fue reiterado frente al juez. Quedó probado que no se rebasaron los límites para licitar y lo que también desconocían que cuando se trate de productos perecederos no se requiere licitar ese producto, porque así lo establecen las leyes de adquisiciones estatal y federal.
No probaron que los trabajadores universitarios fueran servidores públicos, tampoco probaron que se hayan utilizado recursos propiedad del gobierno del estado en la compra de tortillas porque no solo fue ese producto sino otros diversos derivados del maíz. La cancelación de las facturas es un asunto del proveedor, no de la UAS por lo que es el proveedor el que deberá responder ante el SAT.
El ridículo fue muy obvio, quisieron proteger al Gobernador, pero no lo hicieron bien. Al final, se dicta la resolución grotesca en la que al juez no le quedó otro remedio que cumplir con la orden recibida desde el palacio de gobierno para dictar el auto de vinculación a proceso.
Bien conocen cual es la ruta del subsidio federal que recibe la UAS y saben también que la ASE no tiene por ese motivo competencia para auditar a la UAS al subsidio que recibe sino también de los recursos propios que genera la Institución. Esa farsa procesal no es más que la manifiesta persecución política que quedará demostrada con los amparos que se han radicado ante las autoridades federales, las que, de seguro, anularán el auto de vinculación a proceso que injusta y arbitrariamente le fuera dictado al Rector y a otros trabajadores universitarios.
La defensa de la UAS contra esa persecución gubernamental será derrotada y exhibidos todos aquellos que a través de la injuria han pretendido enlodar a la UAS y a su Rector. Pero un hecho queda reiteradamente afianzado, la Ley de Educación Superior de Sinaloa será declarada en su momento y muy pronto, como inconstitucional por tratarse de un producto legislativo arbitrario y violatorio a la autonomía universitaria. La verdad poco a poco emerge.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
