La “no invitación” al Informe ahonda la pugna entre el presidente y la Corte
Diana Lastiri
Por primera vez en la historia ningún representante del Poder Judicial de la Federación (PJF) formó parte de la lista de invitados al informe de labores del presidente de la República.
Ayer viernes Andrés Manuel López Obrador rindió su Quinto Informe de Gobierno, ceremonia en la que tres asientos vacíos destacaron entre los invitados especiales.
Proceso confirmó que no fueron invitados a la ceremonia de López Obrador la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, ni ningún otro integrante del Máximo Tribunal o del PJF.
Durante el acto, el mandatario recordó que antes de terminar su mandato presentará una reforma al Poder Judicial, para lograr la elección de sus integrantes mediante voto popular, pues –denunció– que trabajan bajo consigna de intereses delictivos.
“Así como se elige a los presidentes municipales, gobernadores, diputados locales, federales, a los senadores, al presidente… así hay que elegir a jueces, magistrados y ministros”, dijo.
Los impartidores de justicia “deben servir al pueblo, a sus causas y sus mandatos, y no como ocurre ahora, que operan bajo la consigna de beneficios de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos”, recordó de nuevo.
La no invitación del Poder Judicial al informe presidencial ocurre en un contexto de choques entre el titular del Ejecutivo y la presidenta de la Suprema Corte desde que la ministra fue elegida para encabezar el Máximo Tribunal del país, así como al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Mientras López Obrador hace señalamientos contra ministros, magistrados y jueces, la ministra Piña ha asumido la posición de mantener una defensa férrea de la independencia judicial.
El último acto oficial en el que Piña y López Obrador coincidieron fue durante el aniversario de la Constitución, el 5 de febrero último, en el que el mandatario destacó el gesto de la ministra presidenta de no levantarse para recibirlo.
En mayo último, la presidenta de la Corte buscó vía WhatsApp al presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Alejandro Armenta, para tratar de demostrarle que sus afirmaciones sobre los salarios de los ministros eran falsas.
En respuesta, el senador divulgó las capturas de pantalla de la conversación en la cual afirmó que la ministra presidenta lo amenazó. Piña reconoció públicamente que envió mensajes al senador, pero negó la agresión. “Sus expresiones sobre datos inexactos, así como sobre la labor de quienes formamos parte del Poder Judicial me indignan.
“Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza”, explicó la ministra en una carta que posteriormente Armenta difundió en redes sociales.
La pugna entre los Poderes Ejecutivo y Judicial también se ha intensificado por las resoluciones emitidas en los litigios contra la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; así como la respuesta del PJF a la Secretaría de Gobernación, encabezada ahora por Luisa María Alcalde, sobre por qué los ministros ganan más que el presidente.
En las últimas semanas la polémica se intensificó por diversas decisiones del PJF contrarias a los intereses del Ejecutivo federal.
Libros de texto, otro frente
Desde inicios de agosto pasado diversos amparos fueron presentados en juzgados federales contra la distribución de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
De acuerdo con la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), una de las organizaciones que han tramitado los amparos, mantiene dos mil 200 juicios de este tipo en los que argumenta que los libros de texto gratuito fueron redactados sin la previa aprobación de los programas y planes de estudio correspondientes.
En Zacatecas, por ejemplo, uno de los jueces de amparo concedió una suspensión en la que ordenó detener la distribución de los libros en todo el estado, mientras que otras suspensiones concedidas en amparos sólo benefician a los quejosos.
Mientras, en la Suprema Corte el ministro Luis María Aguilar concedió dos suspensiones contra la distribución de los libros de texto en Coahuila y Chihuahua.
Caso INAI
El 23 de agosto pasado la Segunda Sala de la Suprema Corte concedió una suspensión al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para ponerle fin a la parálisis del organismo.
En la suspensión, propuesta por el ministro Javier Laynez Potisek, la Sala habilitó al INAI para sesionar con los cuatro comisionados que tiene actualmente, dotando del voto de calidad a la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra.
Con ello, luego de cuatro meses de no poder sesionar legalmente, el INAI pudo resolver más de seis mil recursos de revisión en materia de transparencia y datos personales.
El Pleno tiene pendiente la resolución de una controversia constitucional con la que el INAI busca que la Corte declare que el Senado ha sido omiso en la designación de los comisionados faltantes, y que se emplace a los legisladores para que concluyan el proceso a la brevedad.
Parte del conflicto del INAI se encuentra en las declaraciones del presidente López Obrador de querer desaparecer al organismo, al considerarlo inservible y “muy caro para los mexicanos”.
Los dineros del Poder Judicial
El 14 de agosto pasado el representante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que su partido alista un recorte presupuestal al Poder Judicial de hasta 25 mil millones de pesos, que podría afectar todos los fideicomisos que tienen la Corte y el Consejo de la Judicatura.
Pese al amago, el 28 de agosto pasado el Poder Judicial de la Federación realizó una sesión solemne para anunciar que en su presupuesto para 2024 solicitarán un incremento de 4% al monto que recibió para 2023, que fue de 78 mil 544 millones de pesos, bajo el argumento de que el próximo año se realizará una de las elecciones más importantes en los últimos tiempos y se deberá implementar la reforma laboral que exige la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.
El anuncio fue tomado por el presidente López Obrador como un acto de “cinismo” por parte de los ministros: “Es que ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte, no quiero generalizar, pero de la mayoría y en este caso de la magistrada presidenta (sic)”, dijo en su conferencia matutina del 29 de agosto último.
Victoria de Lozoya
Proceso informó el 31 de agosto pasado que un juez federal en el Reclusorio Norte declaró suspendido el proceso penal iniciado contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por el caso Agronitrogenados, por lo que el exfuncionario acusado de lavado no tuvo que pagar ni un solo dólar por la compraventa irregular de la planta de fertilizantes.
En el caso de Lozoya la Fiscalía General de la República (FGR) aceptó darle beneficios procesales a cambio de su colaboración para enjuiciar a otras personas, como el expresidente Enrique Peña Nieto.
Como parte de esos beneficios estaba un acuerdo reparatorio en el caso Agronitrogenados y un criterio de oportunidad para Odebrecht, con los cuales ambos litigios concluirían en menos de un año y sin que Lozoya fuera declarado culpable.
Por ambos asuntos la FGR solicitó el pago de poco más de 10 millones de dólares como reparación del daño por los casos Agronitrogenados (3.4 millones de dólares) y Odebrecht (siete millones más).
Al enterarse de ello, el presidente López Obrador consideró insuficientes tales cantidades, lo que mantuvo paralizados los litigios por más de un año.
Hace un mes el gobierno federal incrementó inexplicablemente la cantidad de la reparación del daño a 30 millones de dólares; el juez de control Gerardo Genaro Alarcón López no lo admitió y pidió a las partes negociar o justificar el incremento.
Para este 31 de agosto, fecha en la que debía iniciar la audiencia intermedia, Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera disminuyeron su exigencia a 20 millones de dólares.
La defensa invocó un criterio jurisprudencial publicado apenas el 25 de agosto último, con el cual el juez Alarcón López consideró que la cantidad pagada como reparación del daño en el caso Agronitrogenados por Alonso Ancira, coimputado al exdirector de Pemex, misma que en noviembre próximo ascenderá a más de 216 millones de dólares, cubre la deuda de Lozoya.
Con esto, el proceso en su contra fue suspendido, lo que significa que, sin pagar absolutamente nada, Lozoya pronto librará por completo esta acusación, mientras que en Odebrecht el juicio podría iniciar con una gran desventaja para la FGR, que se quedó sin pruebas contra el exfuncionario.
