Quirino dejara un estado dinamitado por la violencia
Marcial Pompa Guillen.
Al irse el gobernador Quirino Ordaz Coppel dejará un legado de ocho mil millones de deuda pública como carga a pagar por los ciudadanos de Sinaloa y un estado teñido de rojo con un promedio de mil 98 asesinatos en cada año de su mandato; en el escalafón del crimen la entidad quedará en segundo lugar nacional en fosas clandestinas, primer lugar en “levantados” por cada cien mil habitantes y mantendrá medalla de oro en desplazamientos sociales a causa de la violencia.
A pesar de que los hechos tienen una narrativa distinta a la oficial en pleno ocaso del periodo gubernamental la pirotecnia discursiva está en plena confrontación con los reclamos sociales que pide mayor protección a las mujeres ya que a pesar de que Sinaloa tiene una población de tres millones 180 mil habitantes los feminicidios están a la orden del día con pendulares cifras que van de 9 a 11 casos de forma mensual, de los cuales sólo hay una eficiencia de 0.7 por ciento en la punición del feminicidio. En este delito la entidad marcha en el quinto lugar nacional por debajo de la Ciudad México y el estado de México y la zona fronteriza del país.
El diagnóstico de la ineficiencia hizo bajar la guardia a la población sinaloense que desconfía en un 87 por ciento de las autoridades judiciales y policiales y por cada 23 delitos solo uno es denunciado por temor a represalias ya que el 91 por ciento de la gente se siente desprotegida.
De los robos bancarios se comete un promedio de dos casos al mes y ninguno de ellos se ha esclarecido por lo que este delito tiene tasa cero en castigo a los responsables: No es extraño el caso del robo bancario ya que a nivel general la Fiscalía General de Justicia que tripula Juan José Ríos Estabillo tiene una eficiencia del 1.8 por ciento en la judicialización y sanción de las carpetas de investigación elaboradas en sus entrañas y el titular de la dependencia tiene tasa cero en su comparecencia ante el Congreso del Estado ya que argumentando la autonomía propia y exceso de trabajo.
En su pobre desempeño, el titular de la dependencia esquivó las solicitudes de los diputados para dar la cara sobre los hechos de violencia más ruidosos que se enfrentaron en cuatro años 10 meses del gobierno de Quirino Ordaz Coppel.
E secretariado ejecutivo y del Consejo Ejecutivo de Seguridad Publica, Renato Ocampo Alcántar, navegó esquivando la realidad de la violencia y justificando las dietas económicas de esta institución echándole la culpa a la ciudadanía de su propia desgracia y ensayando el discurso de que el número de emergencia 911 estaba siendo mal usado con llamadas fantasmas.
De esa manera confió más en la palabra de los empleados policiacos que en los reclamos que exigieron respuestas sobre las razones por las que no acuden a los llamados de auxilio en las principales ciudades del estado como son Culiacán, Mazatlán, Los Mochis, Guasave y Guamúchil, donde los estudios del Instituto del Noroeste de Especialistas en Derecho arrojan que un 74 por ciento de la gente que ha hecho uso de ese medio para denunciar un hecho delictivo no obtiene respuestas de los encargados. De esta manera se enmascaran, se inflan o se desinflan las estadísticas sobre el uso del número de emergencias 911 en Sinaloa.
La Comisión Nacional de Búsqueda le puso el broche de oro a la despedida de Quirino Ordaz Coppel con un informe en el que señala que Sinaloa ocupa el primer lugar en fosas clandestinas y señala que desde diciembre del año 2018 a junio de este año se encontraron en el país 426 lugares de inhumación en principalmente Sinaloa seguido de Guerrero, Veracruz, Chihuahua y Zacatecas.
Con estas cartas credenciales, este organismo mantiene la tesis de que la Fiscalía General de Justicia y la policía investigadora son instituciones que no han caminado al ritmo que requiere la situación de emergencia que viven los sinaloenses. Se observa también que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, ha manejado un bajo perfil, pateando el balón de la inseguridad hacia la guarda nacional.
Durante el periodo de tiempo mencionado se encontraron en el país 551 cadáveres en fosas clandestinas de los cuales a Sinaloa le correspondieron 115.
En el aspecto de los desplazados por la violencia la estructura gubernamental y judicial no ha sido un escudo de confianza ya que con frialdad se reconoce la existencia de ocho mil 600 personas en esta condición sin embargo, organismos no gubernamentales colocan la cifras en más de 15 mil personas que han abandonado sus propiedades por amenazas de grupos armados que rondan a lo largo y ancho de la nomenclatura sinaloense.
