El clero se sube al ring de la política

Elecciones 2023

Iglesia se sube al ring en defensa del INE y diputados citan a Rosario Piedra

La jerarquía católica se sumó a la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y expuso una dura crítica a la polémica propuesta de reforma electoral de AMLO, pues consideró que dicha iniciativa entraña “un agravio a la vida democrática del país” y busca trasladar “el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista”.   

En un comunicado emitido por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), los prelados manifestaron que “ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución (…), tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación)”.

El pleno de la prelatura postuló que “la sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”, y exhortó al presidente de la República, y al Congreso, a hacer a un lado “intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común”. 

Ante las críticas a su pronunciamiento bajo el argumento de laicidad del Estado mexicano, los prelados reivindicaron su participación “desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común que es un derecho propio, y con millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos instituciones”.

Cabe señalar que las prohibiciones legales a los pronunciamientos públicos de representantes religiosos, establecidas en el Artículo 130 Constitucional y su ley reglamentaria, se limitan a la promoción de candidatos y partidos, u “oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.

Por otro lado, un reciente informe pontificio, expuso su preocupación  “por la relación adecuada entre el Estado y la religión, especialmente por el uso del lenguaje y los símbolos religiosos con fines políticos”, y dio una amplísima lista de actos y declaraciones públicos del presidente Andrés Manuel López Obrador de   incontrovertible naturaleza religiosa.

Otro actor que, de manera atípica, ha entrado a la discusión de la controvertida reforma electoral es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque esta sí es una institución que forma parte del Estado mexicano (aunque se rige con autonomía), al emitir una “recomendación general” en la que promueve la aprobación de las modificaciones constitucionales que anulan la autonomía del INE y el TEPJF, planteadas por el Ejecutivo.

Ante ello, la Cámara de Diputados citó a comparecer a la titular Rosario Piedra Ibarra.

Mientras que la senadora panista Kenia López Rabadán fue más allá e incluso pidió la renuncia de la ombudsperson. “Una vez más la Titular de la Comisión demuestra que obedece a los intereses del gobierno de López Obrador y no cumple con su mandato constitucional. Inmoralmente, la CNDH hace el trabajo sucio del gobierno de Morena. Es necesario que la señora Piedra se separe del cargo”, puso en su cuenta de Twitter.

DEMOCRACIA, EN RIESGO: CEM

En un “Mensaje al pueblo de México sobre la iniciativa de una reforma constitucional en materia electoral”,   los obispos expresaron su “más amplio reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el correspondiente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”.

Consideran que “se trata de una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y, en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos, ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales (generales o locales) justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular”.

Aseguran que  ambas instituciones “son el resultado de la lucha y compromiso de miles de mexicanos de la sociedad civil, y de todos los signos partidistas, quienes lograron abrir caminos para la democracia real en México”, pues “desde su fundación, el principal fruto fue que el gobierno dejó de ser juez y parte en los comicios electorales, y comenzó la transición a la democracia con alternancia en las tareas de gobierno a nivel local y federal, dando paso a gobiernos de distintas opciones políticas, ya sea en los congresos de los estados, en las gubernaturas y municipios de los mismos, junto a la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal y el congreso legislativo en su conjunto”.

“El INE  –ponderan– tiene una gran aceptación en la ciudadanía, siendo una de las Instituciones más confiables para los mexicanos, pues ha forjado la cultura de la identificación oficial con la famosa credencial de elector, ha motivado la participación y organización de los ciudadanos para ser los garantes de la imparcialidad y legalidad electoral, ha fiscalizado las contiendas electorales, ha impulsado condiciones de equidad en las contiendas y ha dado solución, en el marco de la Ley, a las inconformidades y controversias, a través del Poder Judicial Electoral”. 

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