Ante poder cuasimilitar criminal, estrategia 2018 y seguridad interior
Carlos Ramírez
El enemigo de la democracia mexicana no es la corrupción, ni la oposición, ni el populismo, ni la crisis económica, sino el crimen organizado y la delincuencia desorganizada que está rompiendo los acuerdos mínimos de convivencia social. Las bandas delictivas están ya posicionándose en la estructura productiva y de gobierno, afectando los mecanismos legales del bienestar social y desplazando al Estado nacional.
Los gobiernos de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto tuvieron la sensibilidad para entender que el Estado priista hasta el 2000 estaba articulado a un Estado de seguridad policiaca que funcionaba a través de la represión de la disidencia y de la utilización del crimen organizado como mecanismo de control social. Fox promulgó en enero de 2005 La ley de Seguridad Nacional y Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior en diciembre de 2017.
La derrota priísta en el 2000 rompió los acuerdos de control político legal e ilegal con los grupos de la disidencia política y de seguridad y la autoridad del Estado tuvo que asumir los paradigmas de las dos seguridades básicas de la República: la interior y la de seguridad nacional, porque eran piezas clave de la soberanía del Estado.
El presidente López Obrador tuvo un enfoque audaz en 2018 al definir su Estrategia Nacional de Seguridad pública (ENSP) porque se basó en las doctrinas de defensa nacional, de seguridad nacional y de seguridad interior. El elemento cohesionador de la propuesta del nuevo gobierno se basó en la consolidación de la doctrina de seguridad interior que existe en México desde la Constitución de Cádiz de 1812, pero que no ha sido reglamentada hasta la fecha, salvo por el intento de Peña en 2017 con la Ley de Seguridad Interior que fue invalidada por la Corte en noviembre de 2018.
La doctrina de seguridad interior constituye el eje de la estabilidad del Estado en el cumplimiento de sus tres compromisos de existencia: democracia, seguridad y bienestar. El artículo dos de la Ley de Seguridad Interior abrogada era muy claro:
“La seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional, mediante el mantenimiento del orden constitucional, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.
La ENSP de López Obrador aprobada por el Senado interrelacionó dos instrumentos y un objetivo: seguridad pública y seguridad nacional para la paz social. Y ahí en el punto 8 de la estrategia, el presidente López Obrador asumió, entre otros, cinco compromisos hoy incumplidos:
1.- Un programa para la seguridad nacional.
2.- Un Sistema Nacional de Inteligencia.
3.- Fortalecer y mantener la seguridad interior del país.
4.- Promover el concepto de cultura de seguridad nacional.
5.- Y mejorar las capacidades… en seguridad interior.
La estrategia lopezobradorista de seguridad definía, en los hechos, un Estado de seguridad nacional y de seguridad interior ante el avance del crimen organizado ya no solo como tráfico de drogas, sino en la captura de espacios territoriales e institucionales del Estado. Por eso propuso en su estrategia “repensar la seguridad nacional y reorientar a las fuerzas armadas” ante el fracaso de las fuerzas públicas civiles incapacitadas para cumplir con sus tareas.
La clave de la estrategia de seguridad pública del presidente López Obrador estuvo en la conceptualización del Estado con funciones de seguridad nacional y de seguridad interior como parte de las tareas de seguridad de la sociedad.
En este contexto, la prisión preventiva oficiosa, la extensión de la temporalidad de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la seguridad pública y la consolidación de la Guardia Nacional como un cuerpo civil de seguridad controlado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y tutelado por el Ejército y la Secretarías de la defensa Nacional requieren de un nuevo marco jurídico específico que se ha venido posponiendo: la reglamentación legal de la seguridad interior como una tarea del Estado frente al reconocimiento del crimen organizado como un poder cuasimilitar que quiere sustituir a la estructura legal militar del Estado.
La reactivación urgente de la ENSP aprobada por el Senado acomodaría las piezas políticas, legales y constitucionales de la nueva fase del Estado mexicano: la del Estado de seguridad interior como garantía del Estado de derecho, la gobernabilidad democrática, el orden constitucional y el desarrollo social.
