Oculta Fiscalía de Justicia investigación sobre el crimen de Luis Enrique Ramírez
Álvaro Aragón Ayala
Si la procuración de justicia es una actividad de interés público para el desarrollo de la vida democrática y el asesinato del periodista de El Debate, Luis Enrique Ramírez Ramos, es también de interés público, la titular de la Fiscalía General de Justicia, Sara Bruna Quiñonez, está obligada a informar sobre sus discrepancias con la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana y sobre el avance de la investigación y el móvil del proditorio homicidio del comunicador.
La investigación criminal es de alto impacto e interés social. El asesinato del autor de la columna política El Ancla y fundador del portal Fuentes Fidedignas es relevante y bajo la tesis de la máxima publicidad genera la obligación de informar a la sociedad. Aquí, en este caso, el derecho a la información va más allá de ser una manifestación de la libertad de expresión ya que engloba el deber de la Fiscalía de informar con puntualidad y certeza el avance de las investigaciones.
Contra la opinión de la Fiscal Sara Bruna Quiñónes que le da vuelta y vuelta a todas las “líneas de investigación” y que choca con la posición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que informó que ya se definió el móvil y se identificó a los autores del homicidio, sobre los difundió que ya se giraron órdenes de aprehensión, es vital que cualquier ciudadano, pero especialmente el gremio periodístico, pueda acceder a la información generada por la indagatoria penal.
Si la información es generada por autoridades en ejercicio de sus funciones y con recursos públicos, es, desde luego, información gubernamental a la que todos los ciudadanos deben tener acceso, con la limitante de la excepción o la reserva de la información para impedir el fracaso de las investigaciones, argumento que no encaja en el “caso Luis Enrique” por la liberación de detalles relevante sobre el asesinato de parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Sara Bruna Quiñones incurre en enredar o confundir las restricciones del derecho a la información con la cultura del secreto, ocultando información y facilitando la opacidad, generando un efecto dañino a la imagen de la Fiscalía General de Justicia que ofrece la lectura de que la investigación criminal se está manoseando o se oculta, por negligencia o incapacidad, los errores de la investigación. La sociedad tiene el derecho a saber cuál fue el móvil del crimen y los nombres de los asesinos del periodista.
