COLOSIO: SANAR NO ES CALLAR
Alvaro Aragón Ayala
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene razón: el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta es un crimen de Estado. Plantearlo en estos términos es una definición jurídica y política que obliga a la acción. Si el magnicidio ostenta ese estatus, la única ruta posible hacia la sanación es la verdad descarnada y completa; no el carpetazo cómplice, no el silencio cobarde y mucho menos el olvido inducido. Cualquier intento de clausurar la investigación es un acto políticamente regresivo y una traición a la memoria histórica.
Resulta profundamente incómodo —y es imperativo señalarlo con todas sus letras— que sea el propio hijo de la víctima quien encabece la promoción de esta amnesia colectiva. Luis Donaldo Colosio Riojas ha pedido cerrar el caso bajo el argumento de que México necesita “sanar”. Pero esa petición, despojada de su carga sentimental, conlleva implicaciones públicas devastadoras: dar el caso por concluido equivale, en los hechos, a validar la mentira oficial que durante décadas ha servido de escudo a los verdaderos artífices del crimen.
Cerrar el expediente es aceptar la farsa de que todo empezó y terminó en un solo hombre; es sostener la insostenible teoría de que Mario Aburto actuó en un vacío de poder. Frente a la confirmación presidencial de que fue un crimen de Estado, la postura del hijo es contradictoria y, en última instancia, insultante para la inteligencia nacional. Los crímenes de Estado no caben en la lógica de un “asesino solitario”. Requieren una estructura, condiciones de poder, decisiones cupulares y redes de encubrimiento. Se ajustan a la mecánica de un sistema con nombre, apellido y una biografía cargada de sangre.
Luis Donaldo Colosio Murrieta no fue un espectador de ese sistema; fue un engranaje fundamental de su maquinaria. Su carrera política no se forjó en los márgenes, sino en las entrañas del aparato priista y bajo el impulso directo del proyecto de Carlos Salinas de Gortari. No fue un opositor valiente desafiando al régimen, sino un cuadro formado, promovido y proyectado desde el núcleo más obscuro del salinismo.
Ese dato es crucial: ubica al malogrado candidato no como una anomalía o un ente incómodo del PRI-Estado, sino como la expresión más acabada de una estructura que no operaba en el vacío. Se movía en un ecosistema donde el narcotráfico no era un ente ajeno, sino un fenómeno administrado y tolerado por el propio Estado. Un “orden criminal regulado” donde las rutas se pactaban y los actores se conocían. En ese fango de intereses se desplazaba el ejercicio político de la época, y en ese entrelace de poder y sombra creció la figura de Colosio.
Sonora, su bastión y estado de origen, era ya entonces un corredor estratégico para el tráfico de drogas. No era una periferia olvidada, sino un nodo logístico vital. La clase política que dominaba ese territorio —incluido Colosio— no podía ignorar esa realidad estructural, por más que la narrativa del pasado intente santificar su figura. Hay que ser claros: aunque no haya evidencia directa que vincule a Colosio con ilícitos, tampoco existe registro alguno de que haya intentado desmantelar la simbiosis entre el poder político y el narcotráfico en su estado. Su papel fue el de un político institucional operando dentro de un modelo donde el crimen ya era parte del ADN del poder.
Por ello, la demanda de Colosio Riojas de archivar el caso resulta inverosímil y sospechosa. Al pedir el carpetazo, se está renunciando a desenterrar el sistema podrido que devoró y mató a su padre. El derecho al duelo personal no puede, bajo ninguna circunstancia, convertirse en un ariete para demoler la búsqueda de justicia. La memoria de una nación no puede subordinarse a la urgencia de un heredero por borrar la página más oscura de su linaje.
Abrir completamente el caso significa profanar-desnudar las zonas de confort del viejo régimen: revisar las decisiones de Carlos Salinas, exponer la complicidad de las instituciones de seguridad y desnudar la infiltración criminal en las venas del Estado. Se trata de entender qué permitió que ese disparo ocurriera y quiénes dieron la orden silenciosa. Una sociedad no sana ocultando la gangrena, sino amputando la mentira. No se sanan las heridas cerrando expedientes a oscuras, sino exponiéndolos a la luz hasta que duelan.
La obligación no es perdonar, es arrancar la verdad a quienes todavía la secuestran. México no puede permitirse el lujo de la ignorancia voluntaria ni el consuelo de la amnesia compartida. Cerrar el caso Colosio bajo el pretexto de la paz es una capitulación ante la sombra; es la sentencia definitiva de un país que se condena a vivir en la mentira porque le aterra la luz de lo que podría encontrar.
