La progresividad fiscal rota: la urgencia de una reforma tributaria en México

Es indispensable recuperar la progresividad real del ISR, lo que implica revisar su estructura en los niveles más altos de ingreso, cerrar los espacios de elusión legal y homologar el tratamiento fiscal entre distintas fuentes de ingreso.

Pedro Zenteno

En México, el debate fiscal ha sido históricamente pospuesto o reducido a una discusión técnica, como si se tratara únicamente de ajustar tasas o ampliar bases gravables. Sin embargo, la política tributaria no es un asunto meramente contable: es, en esencia, una definición sobre quién sostiene al Estado y bajo qué criterios de justicia. Hoy, esa discusión es inaplazable y uno de sus puntos más críticos se encuentra en el diseño del Impuesto sobre la Renta (ISR), donde la progresividad (principio rector de cualquier sistema fiscal moderno) se encuentra, en los hechos, fracturada.

La progresividad implica que quien más tiene, más contribuye, no sólo en términos absolutos, sino proporcionalmente. Es un principio constitucional de equidad que ha sido ampliamente desarrollado en Economía y Derecho, y constituye un pilar de legitimidad para el Estado mexicano. Sin embargo, en México, este principio se cumple de manera parcial y, en ciertos tramos, se invierte.

El problema radica en la estructura misma del ISR. A medida que los ingresos crecen, la tasa marginal aumenta hasta alcanzar un límite máximo; a partir de ese punto, la progresividad se detiene. Es decir, los ingresos adicionales de los contribuyentes más ricos ya no enfrentan una mayor carga proporcional. Este fenómeno genera una “meseta fiscal” que rompe la lógica redistributiva del impuesto.

Pero el problema es aún más profundo. Los sectores de mayores ingresos no sólo enfrentan un tope en la tasa marginal, sino que además cuentan con instrumentos legales que les permiten reducir significativamente su carga efectiva. Esquemas de planeación fiscal, tratamiento preferencial de dividendos, ganancias de capital y deducciones sofisticadas. En contraste, la clase media (particularmente los asalariados) carece de estas herramientas.

El resultado es una distorsión estructural: la carga fiscal efectiva termina concentrándose en quienes tienen menor capacidad de eludir o diferir el pago del impuesto. Así, el sistema deja de ser progresivo en términos reales y se convierte, paradójicamente, en un mecanismo que castiga la formalidad y el ingreso laboral. Esta situación coloca a la clase media en una posición particularmente vulnerable. No se beneficia de esquemas de protección social amplios como los sectores más pobres, ni dispone de mecanismos de optimización fiscal como los más ricos. Es, en términos fiscales, un contribuyente cautivo. Y lo más grave es que esta carga no siempre se traduce en servicios públicos de calidad, lo que erosiona la confianza en el Estado y debilita el pacto social.

La comparación internacional resulta ilustrativa. En países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los sistemas fiscales suelen contar con estructuras más complejas en los niveles superiores de ingreso, con múltiples escalones que permiten capturar de manera más precisa la capacidad contributiva. Además, existe una mayor integración entre la tributación del trabajo y del capital, lo que reduce los espacios de arbitraje fiscal.

México, en cambio, mantiene una estructura relativamente plana en la cúspide y un tratamiento diferenciado que favorece los ingresos del capital sobre los del trabajo. Esta dualidad no sólo profundiza la desigualdad, sino que también limita la capacidad recaudatoria del Estado, que continúa siendo una de las más bajas entre los países comparables.

Frente a este panorama, la necesidad de una reforma fiscal es evidente. Pero no se trata simplemente de aumentar impuestos, sino de rediseñar el sistema bajo criterios de equidad y eficiencia. Es indispensable recuperar la progresividad real del ISR, lo que implica revisar su estructura en los niveles más altos de ingreso, cerrar los espacios de elusión legal y homologar el tratamiento fiscal entre distintas fuentes de ingreso. Asimismo, cualquier reforma debe ir acompañada de un fortalecimiento institucional que garantice el uso eficiente y transparente de los recursos públicos. La legitimidad del sistema fiscal no depende únicamente de cómo se recauda, sino también de cómo se gasta.

La discusión fiscal es, en última instancia, una discusión sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Un sistema tributario que descarga el peso en la clase media mientras permite que los más ricos contribuyan proporcionalmente menos no sólo es injusto, sino insostenible. Corregir esta distorsión es una condición necesaria para avanzar hacia un modelo de desarrollo más equilibrado, donde el crecimiento económico y la justicia social no sean objetivos contrapuestos, sino complementarios.

México no puede seguir posponiendo esta conversación. La progresividad fiscal no es un lujo técnico: es el fundamento de un Estado legítimo. Y hoy, ese fundamento está, claramente, en entredicho.