Nuevo Poder Judicial da a jueces seguridad ‘patito’, y pide a 16 empresas ‘moche’ de 20% por adjudicar servicio

Eloísa Domínguez

La seguridad privada de jueces del “nuevo” Poder Judicial estará bajo la responsabilidad de 16 empresas ‘patito’ beneficiadas con la ‘cláusula’ de ceder al ‘moche’ de 20 por ciento del contrato obtenido una vez que comiencen a operar en 2026, lo que se extiende al servicio de limpia para inmuebles en los que despacha la burocracia encargada de la impartición de justicia federal.

Crónica obtuvo un documento que contiene los requerimientos y condiciones técnicas para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia intramuros de inmuebles del Órgano de Administración de Justicia (antes Consejo de la Judicatura Federal) y en el que se muestran inconsistencias legales para la adjudicación de esos servicios “sensibles” en diversas entidades del país, conforme previas denuncias de empresarios del ramo debidamente constituidos que fueron excluidos de concursar en licitaciones públicas por oponerse a la exigencia del ‘moche’.

De acuerdo con esas denuncias, se expuso que sólo 16 consorcios fueron “los invitados” a la licitación a instancias de Giovanni Guerrero Durán, director de Servicios Generales del OAJ, quien presuntamente lidera el grupo conformado por Juan Carlos Zamora García, secretario ejecutivo de Adminitración, Rogelio Ruiz Rasgado, a quien los inconformes ubican como “brazo derecho” de Guerrero Durán, además de Raúl Antonio Peniche Canto, coordinador de Control Operativo de Administraciones de Edificios, quien presuntamente rubricó el documento “fuera de su competencia”, y cuyo trazo de firma sobre su nombre es visiblemente distinta en los costados, incluso por el uso de dos tintas. En estos señalamientos también se menciona a Jorge Arturo Martínez Lembrino, coordinador de Administración Regional.

Desde el pasado fin de semana, los empresarios marginados de la competencia por una adjudicación para brindar servicios de seguridad y limpia en inmuebles del PJF, ubicados en diversas entidades federativas, expresaron su preocupación por el beneficio a empresas que carecen de la certeza en los requisitos legales para responsabilizarse de servicios como la seguridad privada y de limpia, resquicios que pueden vulnerar la impartición de justicia.

Los denunciantes han reiterado a Néstor Vargas Solano, titular del Órgano de Administración Judicial, que se debe separar de sus cargos a los funcionarios públicos del Poder Judicial implicados en este proceso y con el fin de que no se entorpezcan las investigaciones ya iniciadas dentro de la carpeta CAJ/DGI/INV/270/2025, pue temen que estos puedan modificar o eliminar información y documentación incriminatoria.

Advierten que se corre el riesgo inminente de que esos cinco servidores públicos obstaculicen las investigaciones en su contra que, desde el pasado 26 de diciembre se realizan por órdenes directas de Vargas Solano.

También le han pedido que los procedimientos de adjudicación de los contratos por servicios públicos, además de seguridad pública y limpia, se repita para los obtenidos por concepto de comedores, fumigación y tecnología, entre otros, y se realicen nuevamente desde cero y sin vicios de por medio.

“Que se pare el abuso de esas empresas que según ya están adjudicadas y no han mostrado ningún documento oficial de cómo ganaron la licitación y bajo qué normas del OAJ, ya que pretenden tomar los servicios antes del 01 de enero a de 2026 por instrucciones de Giovanni Guerrero Durán ignorando todos los protocolos del OAJ”, dijeron en un comunicado los empresarios afectados que no cedieron al ‘moches’.

En este esquema de beneficios a empresas son señalados directamente Guerrero Durán, a quien se vincula de favorecer a Safe Enviroments, SA de CV, propiedad del empresario Octavio Bonilla, así como a Sistemas Prácticos En Seguridad Privada SA de CV y SSS Asistencia y Supervisión SA de CV, de Eduardo Gutiérrez Artigas, fue contratada por 95 millones de pesos por un periodo de seis meses (que concluyen este mes) para el servicio de seguridad privada intramuros de museos como el de Antropología e Historia, que en el marco de haber sido distinguido en junio pasado con el Premio Princesa de Asturias 2025 cerró sus puertas ante protestas de sus trabajadores inconformes con el reemplazo de la Policía Auxiliar.

Los representantes legales de esas firmas coinciden con los de SEICSA, involucrada con el dueño de Miss Universo y dedicada presuntamente también a la venta de armas sin controles.

En tanto, a Jorge Arturo Martínez Lembrino, coordinador de Administración Regional del Órgano de Administración de Justicia, se le señala de invitar a “sus administraciones regionales y delegaciones administrativas”: Aches Limpieza SA de CV; Aquaseo SA de CV; Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales SA de CV; BL Diseño y Mantenimiento Empresarial SA de CV; Limplex SA de CV; Seguridad Privada Empresarial, SA de CV; Limpieza y Fumigación Corporativa de SIN SA de CV; Mac Tabasco SA De CV; María Huerta Pérez Multilimp y Asociados SA de CV; Semalyn SA de CV; Servicios y Suministros Gavica SA de CV; Tecnolimpieza Ecotec SA de CV y Sprom Servicios Integrales SA de CV.

En julio pasado, Crónica informó que México está ante un escenario de crisis en seguridad ante el déficit de elementos de seguridad para salvaguardar tanto el espacio público como el privado, pero sobre todo porque el Congreso de la Unión está en falta en legislar las leyes reglamentarias de la reforma constitucional de 2021 sobre la seguridad privada. Un vacío legal que le ha abierto la puerta a miles de empresas, que incluso violan derechos laborales, y que se ubican, 75 por ciento de ellas, en el concepto de ‘empresas patito’, dijo entonces a este medio Raúl Sapién Santos, director Jurídico y de Relaciones Políticas del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

Al respecto, este diario ha cuestionado a diputados de Morena, PRI y PT sobre su responsabilidad en crear las leyes secundarias para poner las reglas claras de operación de la seguridad privada y certeza en la adjudicación de contratos millonarios, recursos públicos derivados de los impuestos de los mexicanos.

Así, el OAJ emitió su fallo en favor de esas firmas para dar servicios en sus sedes de administración de justicia ubicadas en estados como Baja California, Tabasco, Tlaxcala, Chihuahua y Coahuila, entre otros.

Por ejemplo, en la supuesta sede del PJF con dirección calle Dr. Atl No. 2084, colonia Zona Urbana Río, С.Р. 22010, en Tijuana, Baja California, de acuerdo con el documento consultado, se ubica la Torre Zentrum, inmueble dedicado a bienes raíces y cuyo desarrollador, se destaca, es Grupo Inmobiliario SAMEC, pero no hay referencia a espacios vinculados con la administración de justicia.