Nuevo gobierno debería reducir gastos en obras públicas: expresidente de Condusef
Miguel Ángel Ensástigue
Las finanzas públicas del país están debilitadas de manera estructural, por lo que reducir los gastos en servicios personales no aliviaría la situación financiera del gobierno y sería contraproducente para la productividad laboral de los funcionarios públicos.
“Si se busca generar ahorros, lo ideal es revisar el costo de las mega obras que no han sido redituables para el país, no hacer gastos inútiles”, afirmó Mario DiCostanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a este medio.
Recordó que en el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador también se recortaron gastos en servicios personales, que se refiere a los salarios y remuneraciones de la burocracia.
Mencionó que en medio de la crisis sanitaria se solicitó una aportación voluntaria del sueldo de cada servidor público con el fin de tener recursos para servicios de salud.
Para DiCostanzo, lo ideal es reducir el gasto en proyectos de infraestructura o los apoyos gubernamentales a Petróleos Mexicanos (Pemex), que de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) entre 2019 y 2024 ascienden a más de 1.73 billones de pesos.
Desde su perspectiva, aunque el gasto en servicios personales se recorte en 10 por ciento, lo que representaría un ahorro de entre 500 y 580 mil millones de pesos, no sería suficiente para disminuir el déficit fiscal de la administración.
Los ajustes en el gasto suelen realizarse cuando existen cambios en las proyecciones de ingresos o en el entorno macroeconómico, como una caída en la recaudación o la necesidad de destinar recursos a emergencias.
El marco legal para estos movimientos está definido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece las reglas para modificar el presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión.
Las reasignaciones del gasto público pueden involucrar la redistribución de recursos entre programas y dependencias, siempre que no se comprometan los rubros protegidos, como educación o salud.
Por otro lado, los recortes, conocidos como ajustes presupuestarios, se aplican cuando el gobierno federal debe reducir el gasto público para cumplir con las metas fiscales, como mantener un déficit controlado o estabilizar la deuda pública.
