Nadie cree la versión del asalto
Francisco Chiquete Cristerna
Si la víctima hubiese sido un ciudadano común y silvestre, la versión de la Fiscalía General del Estado podría ser aceptable. Pero tratándose de un político tan connotado y controversial como fue Héctor Melesio Cuén Ojeda, hablar simplemente de un vulgar asalto de gasolinería suena a poco real y hasta a poco imaginativo.
Es cierto que los asaltos por robo de dinero o por despojo de autos son frecuentes, sobre todo en Culiacán. Por desgracia las cifras que con recurrencia enarbolan las autoridades no alcanzan a convencer frente a una realidad lacerante en la que hay muchas víctimas a las que se les quita el vehículo y también la vida.
Pero insistamos. Cuén no era una persona común. Era alguien que tenía experiencia para manejarse en todos los rumbos de la entidad, tomando las precauciones más elementales. Sabía además que ante una situación amenazante, nunca es aconsejable resistirse al asalto, por más costoso que fuese el coche en cuestión.
La Fiscalía necesita hacer un esfuerzo mucho mayor que esa explicación tan facilita, y por supuesto, tendrá que dominar la tentación de presentar un par de chivos expiatorios, aunque debemos reconocer que esta fiscal ni siquiera de esa forma ha tratado de solucionar los casos que caen en sus manos.
Por lo pronto ya pasó el momento del pasmo, del impacto ante una situación inesperada. Ya es tiempo de elaborar y presentar el programa de trabajo viable para dar solución a un caso que en verdad ha conmovido a la sociedad sinaloense. Porque además de tener esa obligación elementalmente dirigida a su encargo, se trata de un asunto en que las dudas son generalizadas.
Aunque en este momento no existan elementos formales para señalar posibles culpas de funcionarios o de contrincantes políticos de la víctima, deben agotarse incluso esas líneas. No se puede aplicar la fórmula estrenada con la caída del metro: “se va a investigar a todos los posibles responsables”, para luego advertir: “a fulana de tal le tenemos confianza, con ella no hay duda. Aquí las dudas son frente todos, por más disparatadas que parezcan.
Como era de esperarse, el servicio funerario se convirtió en una enorme muestra de duelo, en que participaron todos los miembros de la clase política universitaria, pero también las estructuras dirigentes de los partidos, sumándose algunos morenistas que hicieron a un lado el clima de enfrentamiento que hay entre su organización y la que encabezaba el propio Héctor Melesio Cuén Ojeda.
Todo esto compromete aún más a la Fiscalía, si hablamos de las cuestiones técnicas y de la autonomía de la institución, pero en la realidad esta responsabilidad se extiende al gobierno del estado y al propio gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador tocó el tema en su mañanera del viernes, con datos inexactos, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero comprometiéndose a ver que el asunto quede resuelto con una investigación precisa.
¿SERÁ ATRAÍDO EL CASO?
El abogado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Alfonso Ontiveros, dijo que no hay confianza en la fiscalía local y el caso debe ser atraído por la Fiscalía Federal. Si como dice la fiscal Sara Bruna Quiñones Estrada, fue un vulgar asunto en que se buscaba el robo de vehículo y derivado en una muerte de alto impacto, la Fiscalía General no tendría nada qué hacer. Pero el asunto tiene ribetes más importantes que esa explicación, o por lo menos podría tenerlos.
Si la petición se analiza políticamente, de aceptarla, el presidente Andrés Manuel López Obrador (él, a pesar de la formal autonomía) podría parecer que manda una señal contraria a las expresiones de apoyo y confianza ilimitada para el gobernador Rubén Rocha Moya.
Pero también podría ser un alivio para éste. Le quitarían la obligación de investigar un asunto en que muchos de los afectados indirectos se resistirán a aceptar casi cualquier versión, si no involucra a alguien del gobierno. Quizá a la FGR sí se le llegue a creer hasta lo del asalto, si lo puede probar fehacientemente.
El otro problema para la atracción es la apatía del fiscal para casos que no son de su competencia directa.
Y también para muchos que sí lo son.
