Caso Zaldívar: militares presionaron a jueces para “resolver de manera prioritaria” temas relevantes para AMLO
Alfredo Maza
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presuntamente participaron en las presiones que juezas y jueces de distrito sufrieron en torno a diversos temas emblemáticos para la autoproclamada Cuarta Transformación, sobre todo para “resolver de manera prioritaria” extradiciones relevantes para el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con la denuncia anónima presentada en contra de Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Un tema relevante en la presidencia de López Obrador son las extradiciones, por lo que se ha tratado de extraditar a la mayor cantidad de probables responsables, siempre vendiéndolo como un favor al gobierno de los Estados Unidos, sin que sea de su interés respetar el procedimiento establecidos en las leyes y mucho menos los derechos humanos de las personas sujetas a esta clase de procedimiento”, se indica en la denuncia.
De acuerdo con el documento, dichas presiones sucedían en presencia de mandos militares y bajo el consentimiento directo de Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y quién actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Desarrollo Democrático en la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Eran recibidos por Carlos Alpizar, pero no siempre estaba sólo, en varias ocasiones había funcionarios del propio Consejo o del Poder Ejecutivo (Gobernación y SEDENA en la mayoría de los casos) quienes por una parte verificaban que las presiones se realizaran en el sentido exigido y por otra abonaban a dejar claro el sentido requerido, intimidando al juzgador“, según la denuncia.
En este contexto, el presidente López Obrador ha defendido a Arturo Zaldívar, al asegurar que hay una persecución política en su contra que es “es una especie de venganza”; mientras que ha asegurado que Carlos Alpízar se va a quedar en Gobernación, “de lo contrario Norma Piña tendría que dejar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
La intromisión de la Sedena en el Poder Judicial
Para ordenar que resolvieran de manera prioritaria los asuntos relacionados con las extradiciones a los Estados Unidos, supuestamente fueron citados diversos juzgadores, en especial del Primer Circuito (Ciudad de México) y Segundo Circuito (Estado de México) en el edificio del CJF de forma individual.
Ejemplo de ello fue una supuesta cita al piso 14 del CJF de las juezas Abigaíl Ocampo y Michelle Franco, ambas del Segundo Circuito, para ser recibidas por Carlos Alpízar -que es señalado en la denuncia por los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción y extorsión- y un hombre que se identificó como un “comandante” de la Sedena.
“Ahí se les pidió celeridad en la integración de los amparos promovidos contra la extradición de dos miembros específicos del crimen organizado, pues según señalaron era prioridad para el Ejecutivo conseguir su pronta entrega a los EUA, requiriendo además que se informara, por fuera de los medios oficiales, antes de dictar la sentencia, señalandoles además que evitaran responsabilidad administrativa por la dilación que pudiera existir en esos asuntos”.
Según la denuncia presentada contra Zaldívar, por presuntos actos de corrupción y por “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial, todos estos hechos ocurrieron entre los años 2019 y 2022.
En este periodo, la jueza Abigaíl tuvo bajo su responsabilidad las demandas de amparo promovidas por el narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y de Mario Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, a quienes se les frenó su extradición a Estados Unidos mediante una suspensión definitiva, decisiones que incluso fueron criticadas desde la tribuna presidencial.
Además, según el documento, Alpízar acudía constantemente a diversos circuitos relevantes para sus intereses y organizaba reuniones entre juzgadores y autoridades del Ejecutivo, como personas de la Sedena y Gobernación, “que propiamente fueron ejercicios de intimidación con el único propósito de socavar la independencia de los jueces y demostrar su alcance y cercanía al poder, bajo el absurdo argumento de ‘sensibilizar’, nada que ver con diálogos abiertos y recíprocos, para analizar temas comunes relevantes”, señala la denuncia.
Sobre las y los jueces del Primer Circuito, en la denuncia se indica que todos los titulares de órganos de impartición de justicia que tenían asuntos de extradiciones también fueron citados al piso 14 del CJF, donde eran recibidos por Carlos Alpízar y un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes preguntaban por expedientes en específico, cuestionado el motivo por el cuál no los resolvían o por qué concedían el amparo o la suspensión.
“Algunos jueces que fueron presionados con este tema, de manera enunciativa, fueron Rosa Montaño, Julio Veredín, Maria Dolores Núñez, Jazmín Ruíz, Sandra Robledo, Patricio Vargas y otros. Estas citas en el Consejo no eran amistosas, al contrario, las cosas no se pedían, se exigían, era una extorsión”.
Las posturas de AMLO sobre las extradiciones
Al inicio de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue duramente criticado porque durante su arranque presidencial bajó el número de extradiciones, al pasar de 594 extradiciones del sexenio de Felipe Calderón, 395 con Enrique Peña Nieto, y solo 89 durante los primeros dos años y medios del gobierno obradorista, lo que lo llevó incluso a ser señalado por la posible existencia de pactos de su gobierno con el crimen organizado.
“Es que había muchos amparos y tenemos que proceder legalmente. Se van resolviendo estos procedimientos y así se actúa. Que quede claro, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, ni con delincuentes comunes ni con delincuentes de cuello blanco. No es como antes que se perseguía a unos y se toleraba a otros. Ahora actuamos sin privilegios para nadie, parejo”, dijo el presidente durante una conferencia de prensa realizada el 11 de febrero de 2020.
Luego de la detención del exgobernador César Duarte, aprehendido en Florida, Estados Unidos, por estar señalado de desvíos de fondos públicos para financiar campañas del PRI, el mandatario federal nuevamente resaltó el tema de extradiciones como prioridad en su gobierno, al señalar que el informe de Duarte para trasladarlo de un país a otro “no estaba bien integrado”.
“Tenemos que mantener una relación de cooperación y que se termine con la impunidad, que se cumpla con los procedimientos y se lleven a cabo las extracciones que se soliciten, tanto de un país como de otro”, dijo en otra conferencia de prensa celebrada meses después.
Sin embargo, todo cambió a partir de enero de 2022, cuando comenzó a presentar en su conferencia de prensa los informes de Cero Impunidad, sección en la que el Gobierno suele señalar y acusar a jueces por “favorecer a presuntos delincuentes” sin presentar pruebas.
Una de las últimas críticas realizadas en este sentido ocurrió el pasado 28 de noviembre de 2023, cuando el presidente arremetió contra la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, de la Ciudad de México, por otorgar una suspensión provisional a Néstor Isidro N., alias “El Nini”, jefe de seguridad de los Chapitos, para evitar ser extraditado a los Estados Unidos.
“Se detiene y una juez casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la corte… ¡Ah!, y el Consejo de la Judicatura’. ¿De qué se trata? ¿Esto es derecho? Esto es chueco a todas luces”, dijo.
