EU: marines y CIA en México, asunto de seguridad interior
Carlos Ramírez
La información sobre el contenido de la aprobación del presupuesto militar de Estados Unidos para 2024 el pasado fin de semana pareció pasar de noche entre los analistas mexicanos de temas de inteligencia y seguridad nacional, a pesar de que incluyen por primera vez fondos e instrucciones para ampliar la participación directa de organismos extranjeros en territorio mexicano contra con los cárteles del fentanilo que el Gobierno de México parece no darles prioridad.
La decisión legislativa estadounidense crea otro escenario estratégico en México sobre el tema de los cárteles del narcotráfico, sobre todo porque Palacio Nacional no ha querido pasar a la ofensiva de seguridad y ha preferido una especie de entendimiento informal basado en un compromiso incumplido de disminución de la violencia. Mientras México sigue insistiendo en una estrategia de abrazos y no balazos, el mensaje procedente del Capitolio y la Casa Blanca militarizada revela un paso adelante en la intervención operativa americana en las zonas mexica que están bajo control de los dos principales cárteles.
El problema radica en la falta de una estrategia articulada entre Estados Unidos y México para combatir a los cárteles que sobre todo producen fentanilo, lo exportan a Estados Unidos, lo ingresan a territorio americano por corrupción de las autoridades locales y lo venden al menudeo en las calles a través de las células semiautónomas de los cárteles mexicanos que están operando en los 50 estados de EU con más impunidad que restricciones.
Aunque la explicación oficial en Estados Unidos señala que se trata sólo de la capacidad operativa desde territorio estadounidense, el intervencionismo americano de seguridad deja entrever una mayor presencia –legal y clandestina– de militares y espías americanos en México, con o sin autorización local, pero al final de cuentas con instrucciones operativas que van a darle de escobazos a los avisperos del narco sobre todo en el norte de la República.
La estrategia mexicana que se ha resumido de manera un poco burda en abrazos y no balazos no es otra cosa que el reconocimiento a la capacidad de fuego y violencia del crimen organizado y a la necesidad de las fuerzas mexicanas de seguridad también de escalar el fuego y la violencia para buscar espacios de contención a la producción, tráfico y exportación de drogas. Sin embargo, los grupos delictivos mexicanos no han entendido la lógica de la gobernanza criminal que los obligaría a evitar la violencia en zonas de control y a garantizar niveles de estabilidad.
El otro punto que involucra la nueva fase de intervencionismo de seguridad nacional de Estados Unidos en México a través del Pentágono y de la CIA se presenta aquí como el conjunto de elementos que estarían fortaleciendo el nuevo paradigma de seguridad mexicano: si la seguridad nacional sólo defiende las fronteras de acosos externos y la seguridad pública se enfoca a la propiedad de los particulares, entonces se está consolidando la doctrina de seguridad interior que el sector militar mexicano ha venido desarrollando desde principios de siglo; es decir, asumir funciones del Estado dentro de la República ante actividades criminales que mezclan seguridad pública y seguridad nacional y configuran nuevos desafíos para la garantía de la estabilidad nacional, la defensa territorial del Estado dentro del propio Estado y el bienestar.
Los gobiernos de Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador no pudieron consolidar el nuevo paradigma de la seguridad interior, a pesar de evidencias como la unilateral desgobernanza criminal en zonas territoriales de soberanía del Estado y de intervencionismos directos de los intereses estadounidenses por encima de los intereses nacionales de México.
La decisión de la Cámara de Representantes para instruir al Pentágono y a la CIA con nuevas funciones, fondos y objetivos dentro de México representa otro desafío a la seguridad interior mexicana, porque implica la implantación en México de los intereses nacionales de EU por encima de los intereses nacionales mexicanos y obligan –o debieran obligar– a las instancias de poder en México –el Ejecutivo y el legislativo– al definir nuevas reglas para impedir que las actividades militares y de espionaje de EU se conviertan en un problema para la soberanía mexicana.
