Se le cayó la celada al juez mercenario
Álvaro Aragón Ayala
El Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, el ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera y ocho funcionarios de la UAS, escaparon de la celada jurídica que les fue armada por el gobernador Rubén Rocha Moya, la Fiscal de Justicia Sara Bruña Quiñonez y el Juez de Control espurio, ilegítimo, Adán Alberto Salazar Gastélum, por la supuesta compra irregular de carne para alimentar a los albergados de las Casas de Estudiantes, montaje jurídico que raya en la prevaricación y que fue fabricado para vincularlos a proceso y destituir al Rector en activo, negándoles el derecho de la legitima defensa.
La audiencia inicial orquestada contra los funcionarios universitarios, programada para el 11 de octubre, fue diferida para el mes de noviembre. El Juez de Control insistió en desarrollar la audiencia pese a que la parte acusada no sabia del contenido de 7 tomos con cientos de fojas que les habían entregado apenas el martes 10 de agosto, un día antes de la comparecencia judicial. Claramente se veía la intención de querer vincularlos a proceso negándoles el derecho a la legítima defensa.
La celada falló de nuevo al topar con una estrategia jurídica de los defensores uaseños. Más todavía: Adán Alberto Salazar no tiene facultades para desempeñarse como Juez de Control porque la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público se lo impiden. La ley precisa que los ministros de culto religioso no pueden ser servidores públicos. Desde el 2013, oficiaba como ministro de la Iglesia Cristiana Manantial de Vida ostentado, a la vez, un cargo en el Supremo Tribunal de Justicia.
Desde el principio de la audiencia, los litigantes informaron al Juez que la Fiscalía General del Estado había entregado apenas un día antes siete tomos nuevos y un complemento del tomo 20; además que ellos les dieron a la FGE mil 300 facturas canceladas. Los abogados solicitaron dos meses de diferimiento, a excepción de Lorenzo Flores, defensa de Ismael García Castro, quien pidió tres puesto que recién había tomado protesta del cargo.
Por instrucciones del gobernador y la Fiscal, Adán Alberto Salazar Gastélum resolvió en una primera instancia que había condiciones de abrir la audiencia, asegurando que vigilaría que la Fiscalía no aprovechara la información nueva, lo cual provocó qué imputados, defensores y público universitario estallarán de la risa por la “puntada” del Juez, que evidentemente era una trampa. Ahí, los litigantes de la UAS promovieron de la UAS un recurso de revocación, dijeron al Juez que su decisión violaría el derecho a una defensa adecuada y advirtieron que, de abrirse la audiencia, todos renunciarían.
Ante la insistencia de Adán Salazar que casi lloraba diciendo que había condiciones para abrir la audiencia y formular la imputación, antes de que tomara la voz la Fiscalía, los abogados interrumpieron para que sus clientes anunciaran sus despidos. Con la “renuncia” de los litigantes de los funcionarios de la UAS el Juez espurio no tuvo otra salida más que prorrogar la audiencia para el 10 de noviembre. Jesús Madueña Molina, Juan Eulogio Guerra Liera y el Comité de Adquisiciones de la UAS tendrán tres días para nombrar a sus nuevos abogados.
