Plan D del INE: del kínder autoritario de Lorenzo a la democracia de Taddei
Carlos Ramírez
El modelo electoral instaurado en México a raíz del fraude de julio de 1988 y las tres reformas al instituto –Salinas, Zedillo y Peña– se realizaron para cambiar un sistema autoritario y gubernamental y conducir a una nueva estructura… autoritaria y gubernamental.
Con el control institucional de los organismos electorales a través de funcionarios designados por los partidos gobernantes en alianzas perversas, el IFE/INE siempre ha operado como una Comisión Federal Electoral bartlista a través de los miembros del Consejo Electoral designados bajo la aprobación presidencia-PRI-PAN, desde José Woldenberg hasta Lorenzo Córdova Vianello, este último asesor de Woldenberg en 1994-1996.
Toda la reforma político-electoral posterior a 1988 –como toda la reorganización económica de la contrarrevolución neoliberal de Carlos Salinas de Gortari– proviene del venero de las reformas política y económica del régimen chileno de Augusto Pinochet, probado de manera científica por el especialista Carlos Huneeus en su monumental ensayo El régimen de Pinochet (Editorial Sudamericana, 2000).
Para la reforma económica neoliberal salinista, Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda de Salinas, se basó en las reformas de Pinochet que explicó con mucha claridad el economista Alejandro Foxley en el capítulo sobre Chile de su estudio Experimentos neoliberales en América latina (1988); y la reforma político-electoral también estuvo basado en el modelo pinochetista conocido como democracia protegida, es decir, la definición de nuevas reglas un poco más abiertas a las de la dictadura, pero siempre bajo el control del partido mayoritario y sus alianzas con una oposición funcional al establecimiento de diques de contención a oposiciones radicales de izquierda progresista, populista o socialista.
Como una especie de reforma de facto, la nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha pasado del régimen político-electoral de kindergarten de Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón y Edmundo Jacobo Molina a prácticas políticas menos autoritarias que trataban a partidos y a políticos como párvulos: a reglazos y con castigos antidemocráticos.
El modelo de calendario electoral de Córdoba obligaba a los políticos a no hacer política, con persecuciones administrativas y judiciales que coartaban inclusive a la libertad de expresión de los medios de comunicación. En Estados Unidos o España, de acuerdo con experiencias recientes, no existen reglamentos ni calendarios que obliguen a los políticos a estar callados e inmovilizados en etapas previas no reguladas a procesos electorales, y la democracia en esos dos países es funcional y responde a la madurez de las sociedades.
Los dos bloques políticos –Morena y el Frente Amplio– debieron de inventar fórmulas para hacer política sin decirlo, aunque con la certeza de que estaban haciendo política electoral que prohíben las pinochetistas leyes electorales mexicanas. La nueva distensión preelectoral aplicada por el INE de Taddei y el Tribunal beneficia la dinámica democrática y evita que los políticos y los partidos tengan que inventar disfraces para hacer lo que no dicen que están haciendo porque si no las autoridades del INE y el modelo Córdoba les caían como “sheriffes al estilo americano”.
En los hechos, las decisiones del INE y del Tribunal sobre el modelo de elección de figuras para defender los proyectos de las coaliciones significan nada menos que un Plan D de reforma electoral proveniente de las nuevas autoridades en esos dos organismos, aunque en sus artículos periodísticos Córdova, Murayama y Jacobo se emberrinchen por la violación a la estructura electoral mexicana pinochetista y estén exigiendo anulaciones de registros partidistas. En todo caso, es de esperarse que la próxima legislatura federal aproveche la reorganización de facto de las prácticas electorales del INE de Taddei para realizar una verdadera y postergada reforma democrática de las instituciones encargadas de las votaciones para terminar con el modelo de democracia protegida de Salinas.
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