Rocha, el persecutor
Álvaro Aragón Ayala
Rubén Rocha Moya está cometiendo violaciones generalizadas a los derechos humanos de ciudadanos rayando en crímenes de lesa humanidad motivado por razones geriátricas-emocionales y políticas. El gobierno estatal persigue, criminaliza, penaliza, lincha o ridiculiza con calificativos a civiles que participan en diferentes actividades del quehacer público y productivo de Sinaloa.
El régimen de Rubén Rocha convirtió en un perseguido político y penal al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, porque no se sometió y rechazó la aplicación de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, violatoria a la autonomía universitaria. Lo ataca y le fabrica delitos pasándose por el arco del triunfo el debido proceso y la presunción de inocencia.
A Héctor Melesio Cuén Ojeda, dirigente del Partido Sinaloense, Rubén Rocha Moya lo criminaliza porque ve en él un personaje que le puede disputar, en buena lid, espacios de poder. El gobernador opera en modo dictador y utiliza la estructura oficial para instrumentalizar delitos que le permitan deshacerse de los ciudadanos participativos.
A un segmento del gremio periodístico, no domado con fajos de billetes, lo denosta, descalifica o insulta y lo llama mentiroso. La relación de Rocha Moya con la prensa ha sido tortuosa y sólo se siente cómodo con quienes lo lisonjean o están en la línea de los contratos de publicidad y propaganda, receptivos a recibir indicaciones “informativas”.
Rebasado por los problemas de comercialización de maíz, el gobernador calificó de “mafiosos” a los bodegueros de la CAADES y los acusó de ser el principal obstáculo que se tiene en la recepción del grano. A los agroproductores que aún reclaman el pago de 7 mil pesos la tonelada de maíz los ubica en la categoría de conspiradores contra los gobiernos estatal y federal.
Los abusos en que incurre a diario Rubén Rocha Moya -que incluyen linchamientos periodísticos y la criminalización-, no son fenómenos aislados, sino producto del “acaparamiento” deliberado de toda la estructura gubernamental, del Poder Legislativo y Judicial, lo que constituye el desmantelamiento del sistema democrático y la destrucción de los espacios cívicos.
El gobernador ha logrado instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para desarrollar e implementar un falso marco legal tendiente a perseguir a los ciudadanos y a acotar el ejercicio de las libertades fundamentales. El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición. El Estado es utilizado como un arma de persecución política.
El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el dirigente del PAS enfrentan una persecución política y penal con ribetes claramente ilegales y asfixiantes para el desarrollo de actividades lícitas. Para criminalizar a Madueña Molina y Cuén Ojeda el gobierno paga millonarias sumas de dinero, del erario público, a los medios de comunicación y usa perversamente a la Fiscalía, la UIPE y la Auditoria Superior del Estado.
El uso de los medios de comunicación en la instrumentación de una campaña de criminalización y persecución informativa refleja también una de las aristas dictatoriales del régimen de Rubén Rocha Moya que no solo busca el control político-administrativo de la UAS sino implementar un gobierno absolutista que avasalle las garantías individuales y acabe con las voces pensantes y las organizaciones autónomas u opositoras
