México: la permanente batalla de los yaquis contra el despojo
Carmen García Bermejo | Mongabay Latam
Hablar de la tribu yaqui, como ellos se autoidentifican, es abrir un libro que contiene más de 500 años de historia. Si uno revisa entre sus páginas es inevitable toparse con un tema que se ha mantenido como una constante para este pueblo indígena de México: la defensa de su territorio de proyectos de extracción de agua, gas, minerales y maderas preciosas, sumado al asedio del crimen organizado y el despojo de sus tierras.
El territorio de los indígenas yaquis es singular. Tiene costas, valle, una fracción de la Sierra Madre Occidental y toda la Sierra del Bacatete. Sus tierras son fértiles para la agricultura, poseen un bosque con amplia biodiversidad y playas libres de desarrollos inmobiliarios.
En los últimos 15 años, sin embargo, los yaquis se han visto obligados a librar una batalla contra la construcción del Acueducto Independencia, que aseguran es responsable del desabastecimiento de agua en sus comunidades; a reclamar sus derechos frente la instalación del Gasoducto Sonora, que señalan pone en peligro a los pueblos indígenas y a vigilar que las concesiones que se otorgan a empresas mineras no afecte su normal acceso al agua.
La resistencia para proteger su territorio ha coincidido con una violencia que, en los últimos meses, ha mostrado su peor rostro: asesinatos, amenazas, encarcelamiento contra líderes indígenas e integrantes de los pueblos y desapariciones forzadas. En las últimas tres semanas, diez yaquis han desaparecido y sus compañeros aún no logran dar con su paradero.
Pueblo en vilo
Los yaquis habitan la región centro-sur del estado de Sonora (noroeste de México) y están organizados en ocho pueblos: Pótam, Huírivis, Tórim, Cócorit, Loma de Bácum, Vícam, Ráhum y Belem que se distribuyen a lo largo de los 500 kilómetros por donde serpentea el Río Yaqui, su principal fuente de vida e identidad.
La población indígena en el territorio es de poco más de 30 mil habitantes. Cada uno de sus ocho pueblos tiene una estructura de gobierno tradicional, guardias comunitarias, sistema de asambleas y un sistema religioso ligado a su cultura.
Sin embargo, desde la conquista española, los yaquis se mantienen en resistencia para proteger sus tierras.
El pasado 14 de julio una nueva tragedia los ensombreció: siete integrantes de la guardia tradicional de Loma de Bácum y tres personas más de la comunidad fueron víctimas de desaparición forzada.
Los siete guardias hacían su trabajo de vigilancia por los 49 kilómetros de camino que hay entre Loma de Bácum y el rancho El Coyote. Los demás transitaban hacia el rancho Agua Caliente, a 40 minutos de Bácum, para recoger vacas que llevarían al pueblo donde se preparaba un festejo tradicional. En ambos casos, nadie los volvió a ver.
“El origen de esta violencia es la intromisión de las empresas mineras en nuestro territorio. Sabemos que son las que auspician este tipo de delitos para crear psicosis con el fin de que la población abandone sus lugares de origen”, asevera Guadalupe Flores Maldonado, vocero del pueblo yaqui Loma de Bácum.
En la región indígena hay 25 concesiones otorgadas a empresas mineras de Canadá, Estados Unidos y México que están en operación, de acuerdo con la Cartografía Minera de la Secretaría de Economía del gobierno mexicano.
Abogado y asesor de la guardia tradicional, Flores Maldonado es un hombre de 65 años y comenta que la presión que ejercen las empresas mineras para obtener concesiones coincide con el incremento de la violencia en los pueblos, donde aparecen grupos armados que intimidan a la población cometiendo diversos delitos. Por eso considera que el secuestro de sus compañeros de Lomas de Bácum no es común porque nadie llama pidiendo su rescate.
“La Fiscalía de Sonora no abre una línea de investigación sobre el actuar de las empresas mineras. Le carga todo al crimen organizado, que también nos golpea, pero nosotros queremos que indague esas tácticas usadas por las transnacionales contra la población”, precisa Flores Maldonado.
Por su parte, la Fiscalía de Sonora comenta: “No podemos dar información al respecto para no entorpecer la investigación”. Aunque tampoco confirma si atienden la petición de los indígenas en relación a su percepción sobre las mineras.
Mongabay Latam solicitó entrevistas con la empresa Mexicana del Cobre, filial del Grupo México, y a la Compañía Minera Dolores que operan dentro del territorio yaqui para conocer su opinión sobre los señalamientos de los indígenas. Pero hasta el momento de la publicación del reportaje, no respondieron.
Los yaquis secuestrados el 14 de julio en Bácum son conocidos por su labor de vigilancia y trabajo en el pueblo. Se trata de Benjamín Portela, de 65 años; Artemio Arballo, de 60 años; Martín Hurtado, de 53 años; Gustavo Acosta, de 49 años; Heladio Molina, de 44 años; Braulio Pérez, de 40 años; Leocadio Galaviz, de 38 años; Fabián Sombra, de 34 años; Juan Justino Galaviz, de 28 años, y Fabián Valencia, de 27 años.
El pasado 14 de junio, los indígenas de este pueblo recibieron una noticia alentadora: el gobierno de México ha propuesto desviar el trazo original por donde corre el Gasoducto Sonora, que ponía en riesgo a la población.
Desde 2014, los habitantes de Loma de Bácum se opusieron a la construcción de esa enorme lengua de cilindros de acero que la empresa IEnova, filial de la transnacional Sempra Energy (Estados Unidos), desplazó sobre 90 kilómetros del territorio yaqui para exportar gas natural.
Durante seis años, denunciaron acciones de represión, el encarcelamiento de dirigentes, como Fidencio Aldama, y amenazas constantes por oponerse al gasoducto. Aunque la empresa logró colocar los cilindros, los indígenas frenaron su operación cuando un juez les otorgó un amparo en 2017.
Ese largo litigio está a punto de llegar a su fin, luego de que el gobierno expresó, el 14 de junio, la intención de desviar la ruta del gasoducto.
Desapariciones
Lo que nunca imaginaron fue que, justo un mes después de ese anuncio, una decena de yaquis serían reportados como desaparecidos.
Familiares de las víctimas denunciaron los hechos ante la Fiscalía. Dos días después, la Comisión de Búsqueda de Personas, que depende de la Secretaría de Gobierno de Sonora, emitió las fichas de identificación de los indígenas, en redes sociales.
El titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de Sonora, José Luis González Olivarría, explica que pocas veces ha ocurrido que un grupo amplio de personas sean privadas de la libertad el mismo día.
“La delincuencia organizada está muy activa y pelea territorio para el trasiego de drogas o actividades ilícitas. Pero mantenemos la búsqueda para hallar a las víctimas”, dice el funcionario, quien es criticado por organizaciones no gubernamentales, debido a sus escasos resultados.
Los pueblos yaquis habitan en una superficie de 5500 kilómetros cuadrados que abarca los municipios (provincias) de Guaymas, Cajeme, Empalme, Bácum y San Ignacio Río Muerto, ubicados al centro-sur del estado de Sonora donde la inseguridad y la violencia arrincona a sus habitantes.
A tal grado que Cajeme ocupa el cuarto lugar entre los municipios más violentos de todo México al registrar 200 casos de homicidios dolosos, de enero a mayo de este año, mientras que en Guaymas y Empalme reportan, cada uno, 70 delitos de este tipo.
Son datos recientes que dio a conocer el titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, el pasado 18 de julio, al presentar la lista de los 50 municipios con mayor incidencia delictiva en México.
En Sonora la violencia no da tregua. Un total de 1227 personas sufrieron desaparición forzada, entre 2018 y 2020. La cifra oficial puede crecer porque no todos los casos se denuncian, por temor a poner en riesgo la vida de las víctimas.
“Entre Hermosillo (capital de Sonora), Guaymas, Empalme y Cajeme ocurre el 70 % de los homicidios. Además de las desapariciones forzadas y el hallazgo de fosas clandestinas”, afirma Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio Sonora por la Seguridad, organización dedicada a medir los índices de violencia en el estado.
Considera que uno de los factores que inciden en el incremento de los delitos es la impunidad: “Ahí es donde la Fiscalía de Sonora nos debe la resolución de los casos: de diez homicidios investigados, solo dos se resuelven”, precisa Hoyos.
El río de la vida
En los últimos meses, los yaquis han sido blanco de ataques. La madrugada del 27 de mayo Tomás Rojo Valencia también desapareció en el municipio de Guaymas, cuando caminaba por el pueblo de Vícam, a 30 kilómetros de Loma de Bácum donde apenas secuestraron a los otros diez indígenas.
Ingeniero agrónomo de profesión, Rojo nació en el pueblo de Pótam. Hace tres décadas llegó a Vícam a proponer el uso de nuevas tecnologías para el cultivo. Pero en 2010 le tocó vivir uno de los periodos más intensos: la defensa del agua.
Los pueblos yaquis libraron una ofensiva contra el gobierno de Sonora para evitar la construcción del Acueducto Independencia que desviaría el agua del Río Yaqui (el corazón de los indígenas) hacia Hermosillo, la ciudad más importante de Sonora.
“Amenazas de muerte, intentos de secuestro, fabricación de delitos, encarcelamiento y represión presupuestal, porque el gobierno nos retiró todo tipo de apoyos, fue lo que vivimos de 2010 a 2017”, recuerda Mario Luna Romero, secretario de las autoridades tradicionales de Vícam.
Marchas, bloqueos de carreteras y amparos legales eran parte de la estrategia de los yaquis que los llevó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano mexicano que le dio la razón a los indígenas. Todo fue en vano.
Al final, el gobierno de Sonora construyó el acueducto para trasladar 75 millones de metros cúbicos de agua al año, desde la cuenca del Río Yaqui hacia la ciudad de Hermosillo porque, mientras los indígenas actuaban legalmente, el entonces gobernador Guillermo Padrés Elías avanzó con rapidez en la construcción de la obra.
El Acueducto Independencia ha beneficiado, principalmente, según la dirigencia yaqui, a las grandes industrias y empresas agroindustriales presentes en Hermosillo.
“El desgaste físico y económico que vivimos durante la defensa del agua nos impidió mantener la misma dinámica. Algunos seguimos, pero Tomás Rojo tenía tiempo que ya no estaba en la lucha, aunque ocupaba un lugar importante entre nosotros”, reconoce Mario Luna.
Cuando Tomás Rojo desapareció, a finales de mayo, un centenar de organizaciones, artistas, intelectuales y comunidades indígenas nacionales e internacionales demandaron al gobierno mexicano la aparición con vida del líder yaqui.
Durante 22 días, la angustia cubrió el alma de su familia hasta la mañana del 17 de junio, cuando un campesino recolector de leña halló un cuerpo sin vida en una fosa clandestina, ubicada a 12 kilómetros de Vícam, el lugar donde lo vieron por última vez.
Tres días después, la fiscalía de Sonora informó lo que nadie quería escuchar: el cuerpo hallado era de Tomás Rojo Valencia de 54 años, lo confirmaron sus huellas dactilares y el análisis de ADN. Un golpe contuso en la cabeza le arrebató la vida.
Un mes después, la policía detuvo a dos presuntos implicados en el asesinato. Según la versión oficial, el supuesto móvil se debió a que Rojo impulsaba la colocación de una caseta de cuota en Vícam para que lo recaudado fuera en beneficio del pueblo.
Se supone que con esa caseta se evitaría que un grupo del crimen organizado cobrara por su lado a los automóviles y camiones que circulan por la región, haciéndose pasar como yaquis. El caso sigue abierto y los presuntos delincuentes están en prisión preventiva.
Un clima de terror
Durante los últimos tres lustros, en el territorio yaqui se ha desatado una guerra que ha producido huérfanos y viudas, padres y madres en duelo, y la destrucción del tejido social.
Antes del asesinato de Tomás Rojo, la violencia estalló en otros pueblos. Agustín Valdez, de 30 años, fue acribillado el 1 de mayo al asistir a una fiesta en la comunidad indígena Loma de Guamúchil.
Hijo del gobernador tradicional de Loma de Guamúchil, Valdez era uno de los jefes de vigilancia de la Guardia Tradicional y líder del bloqueo intermitente que los indígenas colocan en la Carretera Federal No.15 para pedirles a los vehículos que pasan por la zona apoyo para solventar algunas carencias del pueblo.
La violencia no paró ahí. Un mes después Luis Urbano Domínguez Mendoza fue asesinado a balazos al salir de un banco de Ciudad Obregón, Sonora, el pasado 8 de junio. Originario del pueblo yaqui Cócorit, tenía 35 años. Aunque ya no era activista, formó parte del movimiento en defensa del agua y el territorio Yaqui, desde 2012.
Estos son los casos más visibles donde la violencia tocó a figuras conocidas de los pueblos yaquis. Sin embargo, el clima de terror lo padecen todos los indígenas. Durante los últimos dos años, más de 20 jóvenes de Vícam han sufrido desaparición forzada.
A la fecha, la fiscalía no ha logrado esclarecer el móvil de ninguno de estos casos.
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortó al gobierno a realizar acciones de búsqueda para localizar a los pobladores yaquis.
“Urge una investigación exhaustiva porque los liderazgos de estos pueblos están más expuestos a represalias y acciones violentas, debido a su visibilidad por la defensa de sus derechos al territorio y cosmovisión. Su asesinato o desaparición forzada tiene un efecto amedrentador sobre las comunidades”, apunta Guillermo Fernández-Maldonado, titular de ONU-DH en México.
Con información en Animal Político
