Es “chivo expiatorio” la directora del penal de Aguaruto 

Richard Lizárraga Peiro 

El secretario de Seguridad Pública Estatal, teniente coronel en retiro, Cristóbal Castañeda Camarillo, montó días atrás un “operativo” o un “esculque sorpresa” en la cárcel de Aguaruto para “limpiar su imagen” y embarcar a la directora, Emma Alcaraz González, pero antes puso a salvo al anterior director, capitán de artillería en retiro, Mario Ortiz Romero, a quien mandó a refugiarse y a hacerse cargo de la cárcel de Goros, en Los Mochis. Alcaraz es un “chivo expiatorio”, el hilo más delgado del entramado de la corrupción penitenciaria.   

El esculque en la cárcel no fue por iniciativa propia de Cristóbal Castañeda, sino por la presión ejercida por los asesores del gobernador Rubén Rocha Moya que tienen el diagnóstico preciso de la corrupción que priva en las cárceles de Sinaloa, la cual es solapada y auspiciada por los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Para cerrar con “broche de oro”, Castañeda buscó una “tonta útil” que estuviera al frente del penal el día de la revisión interna del reclusorio, en el que se encontraron 13 armas de fuego, gallos de pelea, un millón 250 mil pesos en efectivo y dos paquetes con droga. 

El secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, reveló que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación contra la directora Emma Alcaraz y los custodios de la cárcel. En la indagatoria se excluye al ex director Mario Ortiz Romero y al propio Cristóbal Castañeda, quien quita y pone a su antojo los directores de los penales, en donde el común denominador es la corrupción. 

Para entender el “operativo sorpresa” realizado en Aguaruto es importante revisar las denuncias que familiares de los internos dirigieron contra el ex director del penal, Mario Ortiz Romero -protegido de Cristóbal Castañeda-, quien tomó posesión como encargado del despacho de la cárcel después de la fuga masiva que sucedió el “jueves negro” del 17 de octubre del 2019. Ortiz Romero recibió el nombramiento de director del penal en febrero del 2020, pese a sus malos antecedentes como comandante de la Policía Estatal de Michoacán. 

En agosto del 2021, familiares de internos denunciaron ante los medios el nido de corrupción que habita en la cárcel de Aguaruto y acusaron de extorsiones a comandantes y directivos. Incluso el diputado de Morena, Pedro Alonso Lobo, subió un Punto de Acuerdo al Congreso Local exigiendo que se investigara la corrupción y los malos manejos en ese penal. Mario Ortiz Romero fue acusado de mantener cerrado el sistema penitenciario por varios días y de solo permitir el ingreso de prostitutas y familiares internos que pudieran pagar de 2 mil a 3 mil 500 pesos por el acceso.  

Para proteger al entonces director del penal de Aguaruto y que “todo quedara en casa”, la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal simuló iniciar una investigación en torno a la denuncia pública sobre presuntos actos de corrupción y prostitución. La famosa “investigación” nunca prosperó. La corrupción en el penal fue solapada.

Con el cambio de gobierno estatal, los asesores de Rubén Rocha Moya le plantearon la necesidad de desmantelar la corrupción de las cárceles y restructurar el sistema penitenciario. El esculque en la cárcel de Aguaruto era inminente. Para salvar a su amigo y protegido, Cristóbal Castañeda mandó a Mario Ortiz como director del penal de Goros, en Los Mochis, alejándolo de los reflectores y de cualquier investigación posterior. En su lugar colocó a Emma Alcaraz González, quien venía fungiendo como directora del penal de Angostura.    

La designación de Emma Alcaraz despidió el olor “a un cuatro”, emergiendo la figura de “chivo expiatorio”. La Fiscalía General de Justicia abrirá una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades en torno al ingreso y posesión de armas en el interior del penal, la droga encontrada, el dinero y los gallos de pelea hallados en el esculque. La investigación no incluye al ex director Mario Ortiz ni a Carlos Castañeda Camarillo, responsable o corresponsable de todo el sistema penitenciario de Sinaloa.  

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