¿Apoya o no Alfonso Cepeda del SNTE a Daniel Amador en su guerra contra Rubén Rocha?
Alejandro Luna Ibarra
La declaración de rompimiento del diálogo del dirigente de la sección 53 del SNTE, Fernando Sandoval Angulo, con la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, Graciela Domínguez Nava, marca el inicio de una fuerte confrontación por el poder y el control del sector educativo en Sinaloa. Aunque la mayor parte de los “argumentos de peso” utilizados por el dirigente sindical carecen de sustento legal o son verdades a medias, lo que sí que queda claro es que no se trata sólo de ceder-negociar algunas plazas, de la marca de la tercera dosis de la vacuna contra el Covid 19 para los maestros, o de pagar al SNTE adeudos del gobierno anterior, sino que se trata, en esencia, de una lucha de poder.
Aunque a través de las elecciones del 06 de junio la sociedad le confirió a Rubén Rocha Moya el poder legítimo para ejercer la autoridad, para aplicar la ley y administrar los recursos del Estado, la dirigencia de la sección 53 del SNTE simplemente no lo acepta porque afecta sus intereses y pretende imponerse por encima de la voluntad popular y del mandato constitucional para seguir ejerciendo el poder en el sector educativo desde la ilegalidad, pues la ley es muy clara al establecer que la facultad de asignar las plazas es de la SEPYC, no del SNTE.
LEGALIDAD VS PODER
El problema entonces no es de legalidad, sino de poder. El grupo de Daniel Amador ha permanecido en la ilegalidad tanto tiempo que sus dirigentes creen que la costumbre le da estatus de legalidad y que el SNTE es dueño de las plazas del sector educativo. Es decir, no pretenden enfrentar el gobierno de Rocha Moya desde la legalidad, sino desde el poder que les ha dado el control de la estructura directiva de la SEPYC y otras dependencias por más de 25 años, con el respaldo de los últimos cuatro gobernadores.
La confrontación entonces es de poderes. El poder institucional de Rubén Rocha Moya contra el poder fáctico Daniel Amador Gaxiola. Amador mantienen el control de la dirigencia sindical y un pequeño ejército de leales, así como la estructura operativa, compuesta por el personal directivo –supervisores, directores de escuelas y jefes de sector—, con más de dos décadas en el poder, mientras que el gobernador tiene el marco legal, el presupuesto y la recién nombrada estructura ejecutiva –secretaria, subsecretarios, directores, coordinadores y jefes de departamento—.
INTERESES CONTRA JUSTICIA
De un lado, el dinero y la fuerza de la experiencia –especializada en el control del magisterio, vía administrativa— y los privilegios consolidados (algunos ilegalmente) de más de dos décadas. Del otro lado, la fuerza legal, legítima –conferida en las urnas—, el presupuesto y el compromiso de hacer justicia. Este escenario permite prever que la confrontación podría ser larga, pues al igual que en el escenario nacional –donde el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, enfrenta a diario los embates de la resistencia conservadora que se opone a la transformación del país, articulada en gran medida por los beneficiarios de la corrupción de los gobiernos anteriores—, en Sinaloa no bastará con el nombramiento de nuevos funcionarios con una mirada progresista, sino que habrá que enfrentar con mucha energía y estrategia las distorsiones de la función pública en el sector educativo enraizadas en décadas de control sindical; más allá, incluso, del ámbito legal.
LUCHA POR PLAZAS Y PUESTOS
La lucha que apenas inicia es por el poder para el nombramiento de los funcionarios y el control de las plazas. Y aunque la ley es muy clara al respecto, el SNTE 53 ha ejercido por tanto tiempo esas funciones, que Sandoval ignora que el sindicato no es patrón, que no tiene facultades para contratar ni par…
