Competitividad, productividad y educación superior

Otto Granados Roldán

Para competir en el futuro, las universidades deben promover cambios estructurales y sistémicos profundos

El pasado lunes 17 de mayo, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) presentó su informe sobre Educación superior, competitividad y productividad en Iberoamérica en el que se analiza el papel de la educación universitaria en América Latina (ALC) y su capacidad para promover la innovación y la competitividad en un entorno empresarial iberoamericano cada vez más interconectado y por lo mismo más atractivo, en especial ante la velocidad de otras regiones como China, el sudeste asiático y algunos países de África.

Es cierto que la coyuntura es muy compleja y es probable que el ritmo de crecimiento de la matrícula universitaria en la región sea menor, lo que no es necesariamente una mala noticia. Si se interpretan bien las señales, permitirá liberar energía y recursos para poner ahora un mayor acento no solo en una vinculación mucho más afinada con el mercado laboral sino en la formación del posgrado, la investigación aplicada, y la producción y transferencia de conocimiento de alta calidad y de impacto social asociado al bienestar de las comunidades, entre otras razones porque la inserción de los egresados se ha venido debilitando y porque ALC exhibe serias insuficiencias en la generación de innovación y conocimiento. Veamos.

Por un lado, la época en que la mera posesión de un grado o título era el pasaporte para todo lo demás, se acabó. Ahora, la tasa de retorno que ofrezca dependerá de la especialidad cursada, la calidad y reputación de la institución educativa y desde luego el desempeño, talento y capacidad del egresado. Pero, por otro, será decisivo el grado de absorción de este capital humano que muestren las economías nacionales, el cual estará sujeto a sus niveles de productividad, innovación y diversificación, como lo sugiere ese reporte de la OEI. En este punto, la región tiene enormes desafíos. El índice Global Leaders in Innovation de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que clasifica 129 países y economías en 80 indicadores relacionados, reporta que en 2019 se presentaron 18.9 millones de solicitudes de patentes, registro de marcas y diseños industriales. De ellos, Asia representó el 66.8 por ciento; América Latina, en cambio, supuso únicamente el 1.7 por ciento. Este es un rezago grave.

En segundo lugar, aunque no hay datos agregados sobre empleabilidad de los egresados universitarios para el conjunto de la región, en 2019 la OEI encontró que el desempleo juvenil en América Latina era ya de 19.8 por ciento, y en algunos países en particular, como México, la desocupación desagregada por nivel de instrucción llega al 30 por ciento en el caso de quienes tienen educación superior. Por ejemplo, según la ENOE del Inegi, mientras que en febrero de 2015 la población desocupada con estudios superiores era de 582 mil 306 personas, exactamente cinco años después ascendía a 660 mil 166, antes de la pandemia.

Las razones son varias, desde luego. Unos suponen que hay un exceso de oferta de egresados y una alta concentración en áreas tradicionales del conocimiento (55 por ciento están en ciencias sociales, humanidades y administración, contra 25 por ciento en la zona OCDE) que el mercado laboral no puede absorber; otros plantean que hay brechas de calidad que dificultan contratarlos, y algunos más lo atribuyen a la baja productividad de las economías nacionales. Lo más probable es que sea una combinación de todas esas causas a las que ahora hay que añadir la contracción económica asociada al covid-19.

En tercer lugar, muchos de los egresados entran al mercado laboral con brechas importantes de habilidades y competencias que las empresas deben subsanar. Por ejemplo, casi la mitad de los empresarios encuestados por la OEI encontraba dificultad para cubrir vacantes, especialmente en Argentina, México y Portugal; 75 por ciento de las empresas dijo que tenían que instrumentar programas de re-skilling o up-skilling que son complejos y costosos, y 33 empresas multinacionales de capital iberoamericano declararon que los perfiles más difíciles de encontrar son ingenieros en sistemas, tecnologías digitales, analistas de datos, programadores, especialistas en ciberseguridad y en transformación digital; en cambio, los más fáciles son los administrativos, financieros, comerciales y legales. Y otro estudio de la OCDE señaló que 8 de cada diez nuevos empleos se ubican en áreas como tecnólogos manufactureros, expertos en TIC´s, finanzas, desarrollo urbano, big data, salud, biotecnología, robótica y servicios. Este abanico de opciones constituye, claramente, una robusta área de oportunidad.

Momento decisivo

En suma, la crisis sanitaria y económica no ha hecho sino confirmar la mutación de un modelo que ha entrado en una etapa de rendimientos decrecientes, y si las instituciones de educación superior quieren sobrevivir en un siglo XXI incierto y desafiante deberán promover cambios estructurales y sistémicos profundos para insertarse y competir en la sociedad futura, que será una sociedad del conocimiento cuyos trabajadores y profesionales serán la fuerza dominante en el universo laboral.

¿Están preparados nuestros sistemas de educación superior para hacer frente exitosamente a esta panoplia de desafíos? Lo veremos, pero por lo pronto, como dijo Mariano Jabonero, Secretario General de la OEI, este es “el momento de hacer frente al déficit histórico en materia de productividad” así como a la disyuntiva entre continuar con la inercia de una educación deficiente o avanzar hacia otra que aporte confianza y certidumbre en el poder de la educación como instrumento de transformación.